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Mazazo de la Justicia europea a los acuerdos de agricultura y pesca entre la Unión Europea (UE) y Marruecos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha concluido que estos acuerdos, a los que el Sáhara Occidental no prestó su consentimiento, «se celebraron ... vulnerando los principios de autodeterminación» del pueblo saharaui y declara anulados estos pactos. El acuerdo de pesca con Marruecos expiró en julio de 2023 y ha dejado de surtir efecto, en cuanto a las medidas de liberalización agrícolas, la Justicia europea mantiene, un período de un año «habida cuenta de las consecuencias negativas graves que entrañaría su anulación inmediata y por razones de seguridad jurídica».
El caso se remonta a 2019, fecha en la que la UE y Marruecos firmaron los acuerdos comerciales en materia de pesca y productos agrícolas. El Frente Polisario impugnó estos pactos ante la Justicia europea, al considerar que no se obtuvo el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. La sentencia de este viernes da la razón al Frente Polisario y «desestima en su totalidad» los recursos de casación de la Comisión y el Consejo Europeo y anula los pactos entre la UE y Marruecos.
En primer lugar señala que el Frente Polisario «cumple los requisitos para poder impugnar las decisiones controvertidas» en interés del pueblo saharaui, cuyo consentimiento «no existe en los presentes asuntos». Determina que la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior «no consultaron al pueblo del Sáhara Occidental» sólo a sus habitantes actuales, que en su mayoría no pertenecen a ese pueblo. No obstante, el alto tribunal con sede en Luxemburgo considera que ese acuerdo del pueblo saharaui «no debía ser necesariamente explícito», sino que podía otorgarse de forma implícita siempre que el acuerdo en cuestión «no crea obligaciones para ese pueblo y prevé en favor de este último una ventaja precisa, concreta, sustancial y verificable derivada de la explotación de los recursos naturales de ese territorio».
La Justicia europea precisa que el acuerdo entre la UE y Marruecos «no cumple los requisitos», ya que «no confieren ningún derecho ni ventaja a favor del Sáhara occidental» y que su pueblo «no se beneficia de ninguna contrapartida financiera por las explotación de los recursos naturales de ese territorio o de las aguas adyacentes». Por tanto, señala que el consentimiento del pueblo saharaui «no puede presumirse» en este caso y anula finalmente estos acuerdos comerciales.
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