Las tensiones entre PP y PSOE dejan en el aire la renovación de los órganos constitucionales

a historia de los desencuentros entre el PSOE y el PP por la composición del máximo órgano de los jueces viene de lejos. Dos años tardó Francisco José Hernando en ser relevado al frente del CGPJ. Su mandato concluía en 2006 pero no fue hasta 2008 cuando Mariano Rajoy aceptó finalmente la propuesta del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero para que Hernando fuera sustituido por Carlos Dívar.

La filtración del Whatsapp del portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, referente a Manuel Marchena, echó por tierra en noviembre de 2018 el acuerdo que ya existía entre PP y PSOE para relevar a Carlos Lesmes. Desde ese momento, las vicisitudes políticas no han sido nada favorables a esa renovación.

Tampoco lo han sido en la del Tribunal Constitucional. El partido de Pablo Casado no tiene prisa por desatascar los nombramientos pendientes, en una de las instituciones claves para frenar el desafío soberanista. Según arguyen en Génova, los cuatro magistrados salientes no han agotado aún el mandato de nueve años previsto en la Carta Magna. Una reforma legal que se llevó en 2010 acordó restar de ese mandato el tiempo que se tardara en renovar el órgano. De ahí que los cuatro miembros salientes no terminen en realidad su mandato hasta 2021.

También está pendiente la renovación del CNI. La salida hace seis meses del general Sanz Roldán, como marca la ley, tras culminar los cinco años de su segundo mandato, dejó al servicio secreto español en situación de interinidad. Asumió entonces sus funciones la secretaria general del CNI, Paz Esteban López. Aunque se especuló con la posibilidad de que Sanz continuara en funciones finalmente se descartó porque su continuidad sin la adecuada cobertura legal era inviable.

El nuevo Gobierno se ha encontrado también encima de la mesa la tarea de nombrar al máximo responsable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del CES, el organismo consultivo del Ejecutivo en materia social y laboral. El mandato del presidente de la CNMC José María Marín Quemada -también de su vicepresidenta y tres consejeros- venció en septiembre mientras que el del CES, Marcos Peña, lo hizo el pasado abril.

Sánchez y su gabinete deberán abordar también el nombramiento del Defensor del Pueblo, que lleva camino de batir todos los precedentes de eventualidad prolongada. Francisco Fernández Marugán está en el cargo desde julio de 2017 cuando sustituyó a Soledad Becerril, la última titular elegida por el Congreso. La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el exministro socialista Ángel Gabilondo suenan como recambios.

El bloqueo político obligó a mantenerse en el cargo a la Administradora única de RTVE, Rosa María Mateo. Su designación se produjo en julio de 2018 después de que el Gobierno de Sánchez aprobara un decreto ley para forzar la renovación del consejo de administración, afín al PP. Se suponía que era una solución provisional hasta poner en marcha un mecanismo de concurso público. Pero el acuerdo de los grupos para llevarlo a cabo no ha sido posible y el proceso lleva encallado más de un año.