Sin rastro del móvil oficial que Álvaro García Ortiz usaba en marzo de 2024 cuando se produjo la filtración del correo confidencial con datos sobre la negociación del novio de Isabel Díaz Ayuso. La Sección Informática de la Fiscalía General del Estado ha informado al ... juez Ángel Hurtado, que instruye la causa por revelación de secretos contra el máximo responsable del Ministerio Público, afirma que «no consta» que García Ortiz haya devuelto a la Administración (como es preceptivo, pues se trata de material público) el terminal que utilizaba la primavera pasada y cuyo análisis la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera clave para recuperar los mensajes que el imputado borró, según la versión que hoy mantuvo en su interrogatorio, por motivos de seguridad.
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Es más, esos mismos técnicos dicen en su oficio al juez, al que ha tenido acceso este periódico, que no saben nada ni tienen nada que ver con el «formateo» de ese dispositivo que, siempre de acuerdo con la versión del imputado, era preceptivo.
«No consta en esta sección la recepción de dispositivo móvil alguno desde la fecha que usted indica», explica el jefe de la Sección Informática del Ministerio Público, quien además desvela que tampoco consta en su departamento que la «devolución» de ese aparato «haya sido solicitada» por la «oficina de móviles dependiente de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Transformación Digital del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes»,
Presidencia –explican los servicios técnicos- es la que tenía que haber reclamado el móvil porque el departamento que dirige Félix Bolaños es el «intermediario» con «el servicio de móviles con la Dirección General de Racionalización Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda», que es el que centraliza los albaranes del patrimonio del Estado.
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Los técnicos de Fiscalía explican que el 24 de mayo, poco más de dos semanas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abriera el 7 de mayo la primera investigación por la filtración, le entregaron a García Ortiz un nuevo «dispositivo móvil, en concreto un modelo Samsung A 54». Sin embargo, los informáticos aseguran no poder facilitar el IMEI (internacional mobile equipment identity) de ese móvil, el número que identifica a cada terminal, ya que «no se registra en la aplicación de gestión interna, al no ser de utilidad a los efectos de entrega de móviles».
Aunque el móvil habría estado en poder del fiscal general ya en mayo, éste no habría comenzado a usarlo de inmediato. El único dato que la UCO pudo arrancar de ese móvil 'virgen' y de los duplicados de las tarjetas es que las SIM comenzaron a operar dentro del nuevo Galaxy el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo encausara a Álvaro Ortiz y un semana antes de que la UCO allanara el despacho del fiscal general del Estado.
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Sea como fuere, los técnicos se desentienden por completo del borrado del móvil previo al cambio de terminal. «Esta sección no dispone de la información solicitada en cuanto al formateo del dispositivo», explica el oficio remitido a Hurtado, quien había reclamado a los informáticos, entre otras cuestiones, si ellos habían sido los responsables de cancelar los datos del móvil bajo sospecha
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