El TC acepta la abstención de Campo en los recursos contra la amnistía

En el orden del día del pleno, que se celebra hasta el jueves, figuraba la abstención del extitular de Justicia en los recursos de inconstitucionalidad presentados por varias comunidades autónomas -las regiones donde gobierna el PP más el presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha del socialista de Emiliano García-Page-, por el propio PP nacional y las tres cuestiones de inconstitucionalidad restantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La ponencia sobre esta ristra de abstenciones ha recaído en el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, con el objetivo de despejarlas rápidamente y agilizar con ello la tramitación de las impugnaciones a la ley de amnistía, que se considera un asunto prioritario, si bien el primer fallo no se espera hasta el próximo año. En este sentido, el PP presentó el pasado viernes un nuevo escrito donde pide apartar a Conde-Pumpido del debate sobre las abstenciones de Campo, así como de las deliberaciones relacionadas con el recurso de inconstitucionalidad, hasta que se resuelvan las recusaciones formuladas contra él mismo, Campo y Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa.

Sin embargo, la corte de garantías lo ha descartado porque hubiera supuesto abrir la puerta a que la mera presentación de recusaciones contra magistrados permitiera configurar un «tribunal a la carta», algo contra lo que ya hay doctrina constitucional por considerarlo una estrategia fraudulenta, según explican fuentes del TC.

Campo decidió apartarse de todos los asuntos que han ido llegando al TC sobre la amnistía porque en el informe que firmó como ministro de Justicia sobre los indultos a los condenados por el 'procés' dijo que ésta era «claramente inconstitucional». Aprobadas las abstenciones de Campo, decaerán automáticamente las recusaciones lanzadas en su contra por el PP.

El siguiente paso es que el próximo pleno estudie las recusaciones contra Conde-Pumpido y Díez en el marco del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP nacional. Estaba previsto que la admisión a trámite de esta impugnación, cuya ponencia está en manos del magistrado conservador José María Macías, se decidiera la semana entrante, pero defectos formales lo han retrasado a octubre.

Contra Macías hay también una recusación pendiente. Se trata de la formulada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo contra la amnistía. El Ministerio Público argumentó que el último magistrado en incorporarse a la corte se pronunció contra la ley en dos textos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando era vocal: una declaración institucional antes de que hubiera ley y el informe emitido sobre la proposición de ley a petición del Senado.

Fuentes del TC reconocen cierto hartazgo por la ola de recusaciones y recuerdan la doctrina fijada en 2021 que permitió a la institución blindarse para no apartar a los magistrados por sus opiniones porque «precisamente han sido elegidos porque piensan y, además, por lo que piensan» para garantizar «la pluralidad en el entendimiento».