Suspendido el primer juicio por la posible aprobación de la ley de amnistía

La vista, prevista para los próximos 12 y 13 de diciembre, ha quedado pospuesta al menos once meses al concluir el juzgado que esos altercados van a ser amnistiados, lo que haría «inútil» la celebración del juicio. La suspensión de este juicio, el primero que no se celebra ante la eventualidad de que se apruebe la polémica norma del olvido judicial a los encausados independentistas, ha contado con el visto bueno de la Abogacía, pero no con el de la Fiscalía.

En el banquillo de ese juicio que no se va a celebrar estaba previsto que se sentaran cuatro de los 21 encausados iniciales para enfrentarse a peticiones de cuatro años de cárcel por la toma de la estación. Aquel 1 de octubre de 2018, pasadas las 6:30 horas de la mañana decenas de miembros de los CDR cortaron las vías de la estación del AVE en Girona en una de las primeras acciones convocadas para conmemorar el 1-O. Los activistas independentistas literalmente desbordaron a la media docena de miembros del personal de seguridad y Mossos D'esquadra que intentaron pararles. Al final, en las vías llegaron a congregarse hasta 400 personas, que durante tres horas impidieron la salida o llegada de todos los convoyes de alta velocidad.

La suspensión del juicio se ha producido a instancias de las defensas de los procesados, a las que se ha sumado la Abogacía del Estado. La Fiscalía se ha opuesto con el argumento de que una norma que apenas a comenzado su andadura parlamentaria no puede tener efecto alguno porque todavía su «contenido es incierto», ya que puede ser modificado. Los Servicios Jurídicos del Estado, por su parte han rehusado a ejercer la acusación por los daños que la toma de la estación produjo a la Administración central, arguyendo que el «coste personal y material para todos los intervinientes y el principio de economía procesal» hacen preferible no celebrar la vista habida cuenta de que los acusados van a ser amnistiados, según la particular visión de la Abogacía del Estado, que en este caso representaba los intereses de Adif y a Renfe como damnificados.

La controvertida decisión de acceder a la petición de suspender el juicio ha sido de la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del Juzgado, teniendo en cuenta que un testigo «esencial» de la causa sigue ilocalizable y que sigue de baja un mosso, cuya enfermedad ya hizo que se aplazara un señalamiento anterior. En ese escenario, la LAJ asevera que «aún cuando la ley de amnistía no se halla vigente en este momento, sí se encuentra en tramitación parlamentaria y en su actual redactado recoge, dentro de su ámbito objetivo, los hechos objeto de la presente causa por lo que, de prosperar su aprobación, habría hecho inútil la celebración de un juicio con tan alto coste material y personal».

Ante esta perspectiva, la funcionaria, quien insiste en «gran volumen» de testigos que deben desplazarse a Girona desde diversos puntos del país para un juicio que quizás quede en nada, considera más «juicioso posponer la fecha del juicio con un margen temporal suficiente para clarificar la situación legislativa de la proposición de ley citada, la localización del testigo y la recuperación del agente». Así, reenvía la vista al 11 y 12 de noviembre del 2024 «sin perjuicio de una nueva suspensión si así resultare indicado por motivos de seguridad jurídica».