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Francisco Marín Castán, presidente interino del Tribunal Supremo, entró ayer al choque con el Gobierno por la ley de amnistía y sus efectos colaterales. El magistrado, recogiendo el «enorme malestar» que reina en el alto tribunal, tomó la decisión de suspender la reunión que tenía ... previsto mantener en la sede judicial con el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, dentro de la ronda de encuentros institucionales que el también titular de Presidencia comenzó la semana pasada. La cita estaba fijada en la agenda de Moncloa a las 12:30 horas, pero fue anulada dos horas antes por «razones sobrevenidas», según explicaron fuentes del Supremo.
En cualquier caso, detrás de esta justificación se esconde el hartazgo que existe en el alto tribunal con la aprobación de las comisiones de investigación parlamentarias sobre el 'lawfare' o guerra judicial en Cataluña y, como colofón, el señalamiento «sin precedentes» que hizo el martes la portavoz de Junts en el Congreso contra varios jueces del Supremo vinculados a las causas del 'procés'. «El ataque personal en el Parlamento al anterior presidente (Carlos Lesmes), a un presidente de Sala (Manuel Marchena) y a dos magistrados del tribunal (Pablo Llarena y Carmen Lamela) carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de derecho», reprochó Marín Castán en un comunicado posterior.
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Tras conocer la anulación del encuentro institucional, algo tampoco visto hasta ahora, Bolaños no entró en los motivos del plantón de Marín Castán y solo contestó desde el Congreso que va a defender «siempre» a los jueces «de los ataques y descalificaciones de los partidos independentistas, pero también de la larguísima mano del Partido Popular, que siempre trata de influir en el Poder Judicial». De forma posterior se supo que ambos protagonistas habían hablado por teléfono para reconducir la situación y quedaron en verse el próximo martes en el Supremo.
El vaso del malestar generalizado en el alto tribunal rebosó tras las graves descalificaciones que profirió Míriam Nogueras contra estos magistrados vinculados a la causa del 'procés'. En su intervención en el pleno del Congreso que aprobó las tres comisiones pactadas por el PSOE con el soberanismo para investigar el supuesto 'lawfare', la portavoz del partido de Puigdemont les acusó de ser «personajes oscuros e indecentes que en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato». Y añadió que son «cómplices de la politización de la policía y la justicia española».
También el martes y en el Senado, el representante de Junts Josep Lluís Cleries acusó a los togados de emprender una «batalla política» para «intentar torpedear» la ley de amnistía. Unas afirmaciones que sí fueron respondidas por el propio Bolaños, quien salió en defensa de los jueces y de su independencia durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara alta. «No comparto en absoluto las críticas que hace usted a los jueces y al Poder Judicial. España es un Estado de derecho, una democracia plena y los jueces actúan con independencia y con separación de poderes», rebatió el ministro. En el Congreso, en cambio, no hubo respuesta ni del Ejecutivo ni del Grupo Socialista a Nogueras.
Precisamente, la reunión de Bolaños con Marín Castán vino precedida de otra cita que el ministro mantuvo la semana pasada con el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, en la que trataron entre otros temas la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que ya lleva cinco años en funciones. Pues bien, Guilarte también reaccionó ayer a la polémica con un duro comunicado en el que lamentó el «inadmisible señalamiento» de estos cuatro jueces, a quienes invitó a solicitar amparo al Consejo si se han sentido perturbados en su independencia.
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