El Supremo ya dicta 800 sentencias menos por la falta de renovación del Poder Judicial

Pues bien, la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que va camino de cumplir el cuarto año en funciones pese a la reactivación de las negociaciones entre PSOE y PP tras la dimisión de Carlos Lesmes, y la reforma que impide al órgano realizar nombramientos discrecionales de magistrados por la situación de interinidad -caso del Tribunal Supremo o de las presidencias de tribunales superiores y audiencias provinciales- ya está teniendo consecuencias directas en el funcionamiento del alto tribunal.

Según los datos que maneja el gabinete técnico del Supremo, el «grave perjuicio» que suponen las vacantes existentes, con más de un 20% de las plazas sin sustituir -15 de los 79 magistrados en plantilla, a los que se sumarán dos más antes de finales de año- implica que se dicten ya unas 800 sentencias menos en cuatro de las cinco salas del tribunal.

El motivo aludido por el departamento dirigido por el magistrado Juan Manuel San Cristóbal es la extraordinaria dificultad que está teniendo el Supremo para configurar las salas, tanto de admisión como de decisión, en las jurisdicciones Civil, Social, Contencioso-Administrativa y Militar; es decir, todas salvo Penal.

Del mismo modo, el efecto cadena de las vacantes está provocando un alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y un retraso «enorme» en las decisiones de inadmisión, que se cuentan por varias decenas de miles al año. Y todo ello en un contexto de crisis económica, social y sanitaria, que ha aumentado la litigiosidad.

En estos 18 meses transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021 de 29 de marzo, impulsada en su momento por el PSOE para presionar al PP en la negociación para renovar el CGPJ, las 15 plazas vacantes en el Supremo se desglosan por este orden según el número de bajas. En la Sala Tercera hay nueve plazas pendientes de cubrir de una plantilla de 32 magistrados, cerca del 30% del total. Esta Sala se ocupa de resolver los recursos contencioso-administrativos contra los actos y decisiones del Consejo de Ministros, las comisiones delegadas del Gobierno, las Cortes, el Tribunal Constitucional, el CGPJ, Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo.

Hasta la fecha, el tiempo medio de resolución de los asuntos era de cerca de nueve meses. Sin embargo, en este periodo ha aumentado la demora, tanto en la fase de admisión como en la de enjuiciamiento y resolución. A esto se le suma que más de 6.000 procedimientos se registran cada semestre, una media de unos 35 cada día. Los principales inconvenientes están en la sala de admisión y en la sección segunda, especializada en Derecho Tributario. La estimación es que desde octubre del pasado año se han dictado unas 450 sentencias menos.

En la Sala Cuarta, de lo Social, la plantilla está formada por 13 magistrados y existen tres vacantes. De estos diez togados dos más se jubilan forzosamente en las próximas semanas, entre ellos la presidenta María Luisa Segoviano al cumplir los 72 años, por lo que quedarán ocho. Esta jurisdicción trata asuntos laborales y mercantiles. La reducción de personal ha obligado a suprimir una de las cuatro secciones (tribunales) de admisión y se ha pasado de cuatro a tres jueces cada una.

Del mismo modo, antes de la reforma de 2021 que impide al CGPJ sustituir las vacantes, los letrados adscritos a esta sala hacían una media de unos 4.000 informes al año y 3.500 borradores de autos sobre recursos. Pero la falta de una sección de admisión ha sobrecargado el trabajo de los otros tres órganos. Además, con la actual situación solo puede formarse dos secciones de cinco jueces para resolver los asuntos. Por lo que hasta ahora se han podido dictar unas 240 sentencias menos en el último año. A esto se suma el aumento de la litigiosidad por las consecuencias de la pandemia, una tormenta perfecta que podría llevar a la sala al «colapso total» este mismo mes de octubre.

La Sala Primera, que ve todas las materias civiles, está compuesta por diez magistrados y en la actualidad hay una vacante. Esta situación se complica por la acumulación de las tareas del presidente Francisco Marín Castán, que desde esta semana pasada ha asumido también el cometido de Lesmes tras su dimisión. Las principales dificultades se encuentran en las rotaciones de magistrados en las dos secciones existentes: la de admisión y justicia. El tiempo medio de respuesta supera los dos años en admisión para los asuntos no preferentes y se estima que se han dictado unas cien sentencias menos en el último año.

Por último, a la espera de que PSOE y PP lleven a puerto la negociación del CGPJ, la Sala Quinta (Militar) está al borde de la inacción. La razón es que de los ocho magistrados, cuatro procedentes de la carrera judicial y otros cuatro del cuerpo jurídico militar, hay dos vacantes y, además, ha habido dos bajas por enfermedad durante meses. Por este motivo, la sala ha tenido que llevar todos los asuntos a pleno por falta de quorum.