El Supremo revisará los procesamientos de Puigdemont y Junqueras el 6 de junio

El juez del caso, Pablo Llarena, procesó por delitos de rebelión, malversación o desobediencia a miembros del Govern o del Parlament como los dos citados.

Todos recurrieron contra esa decisión y ahora la Sala que revisa las decisiones de este magistrado en el Supremo celebrará una vista a puerta cerrada con presencia de los abogados defensores, fiscal, abogado del Estado y acusación popular (esta última también ha recurrido pidiendo agravar las acusaciones por las que se procesa a los inculpados).

El Supremo ha rechazado las peticiones de los ex consellers Jordi Turull y Josep Rull y del ex president de la Asamblea Nacional de Cataluña Jordi Sánchez de estar también presentes en la vista «al no ser preceptiva su presencia».

Los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y el diputado de JxCat Jordi Sànchez recurrieron ante el Tribunal Supremo su procesamiento argumentando que, a diferencia de su caso, nadie ha sido acusado de sedición por las protestas contra La Manada, en las que un ministro tuvo que salir escoltado.

En su escrito, defienden que las concentraciones del 1-O, o del 20 de septiembre pasado ante la consellería de Economía, son «actos legítimos de protesta ante actuaciones judiciales».

Los procesados que recurrieron contra sus procesamientos, que confirmó el juez Llarena por un auto firmado el 9 mayo son, además de los citados, los ex consellers Raúl Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, LLuis Puig y Clara Ponsatí y los ex parlamentarios Josep Nuet, Anna Simó y Carme Forcadell. A ellos se suma el recurso presentado por el expresident de Omnium Cultural Jordi Cuixart.

Puigdemont alegó en su recurso que durante la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017 no hubo «ningún tipo de violencia», por lo que no cree justificado el delito de rebelión que se le imputa. Por su lado, Junqueras denunciaba en el recurso contra su procesamiento por rebelión que sufre un «calvario inmerecido» por las «piruetas argumentativas» con las que el juez del Supremo Pablo Llarena pretende «criminalizar» al independentismo, pese a la «evidente falta de violencia».