Torra pide su absolución y no convocará elecciones antes de la sentencia

Minutos después de acudir al Supremo, el presidente de la Generalitat anticipó la estrategia electoral de JxCat: legitimismo, victimismo, discursos incendiarios contra España, hasta el punto de acusar al Estado de estar más preocupado en condenarle que en resolver la crisis de la pandemia y bloqueo institucional, tanto en Cataluña, que permanecerá meses en la incertidumbre, como en el resto de España, ya que la subida de la temperatura política en Cataluña no permite a Esquerra negociar con tranquilidad los Presupuestos.

«No seré yo quien condene al país a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración», aseguró en un discurso institucional desde la delegación de la Generalitat, en la calle de Alcalá en Madrid tras la vista en el Alto Tribunal.

En cuanto Torra sea inhabilitado, perderá la capacidad de convocar elecciones. Está por ver qué papel tiene previsto jugar a partir de ahí: si se resistirá a acatar la condena y si buscará el desgaste de sus socios de Esquerra, pero ya anticipa que su inhabilitación será uno de los puntos centrales de la campaña de JxCat. Una vez que el cese sea firme, Roger Torrent tendrá 10 días para proponer un candidato a la presidencia. JxCat ya ha pedido a los grupos que no presenten a ningún candidato, lo que puede abrir un periodo de bloqueo durante meses. En cualquier caso, Torrent advierte de que si la legislatura queda encallada, puede pulsar el botón rojo que activa la cuenta atrás de dos meses hasta encontrar un candidato.

Transcurrido ese tiempo, las elecciones quedarían convocadas automáticamente y se celebrarían 54 días después. Por tanto, si la condena llega a principios de octubre, los comicios podrían ser en febrero. Pero JxCat no está de acuerdo en que el presidente de la Cámara catalán pueda desbloquear la interinidad, por lo que el choque entre ambos está asegurado.

La campaña de Puigdemont está servida. Puigdemont cargará contra ERC y contra el Estado, como este jueves hizo Torra. Este tribunal tiene en sus manos la caída de un Govern y el fin de una legislatura parlamentaria, dijo. «Es un castigo a un país entero en medio de una pandemia», añadió. Si hay elecciones y la administración catalana queda paralizada en plena crisis sanitaria, la «responsabilidad será del Estado, obcecado con su venganza contra Cataluña», afirmó. Presionó al Supremo y a Esquera, pues apuntó que en caso de condena, la decisión del Alto Tribunal no ha de hacer «recular ni un centímetro a la soberanía del Parlament». «No esperaremos para ejercer la autodeterminación», avisó.

Torra es el tercer presidente catalán consecutivo que se enfrenta a problemas penales como consecuencia del 'procés'. Mas fue condenado por el 9-N, Puigdemont está procesado por el 1-O y el actual jefe del Ejecutivo autonómico fue inhabilitado por el TSJC y ahora está a la espera de que el Supremo resuelva. Además, la semana que viene se sentará en el banquillo por una segunda causa similar.

Torra acudió este jueves al Supremo, arropado por el independentismo. Ocupó un asiento en la zona reservada para el público. Calificó su causa penal de «aberrante», «absolutamente desproporcionada y carente de sentido de justicia», una «prueba ma?s de la decadencia galopante de esta democracia con pies de barro, que nos quieren hacer pasar como consolidada, madura y homologable».

En la vista intervino su abogado, Gonzalo Boye, que pidió su absolución. Argumentó falta de imparcialidad del Tribunal Supremo y del tribunal que le juzgó y la ausencia del delito al tratarse -la colocación de una pancarta- de un acto político amparado por la libertad de expresión. «Claro que no cumplió la orden de la Junta Electoral. No lo vamos a negar, no venimos a discutir los hechos», según Boye. La orden «no se podía cumplir», según el letrado, porque la Junta Electoral no era autoridad competente ni superior, y en consecuencia no existe el delito de desobediencia. Boye esgrimió discriminación contra «las minorías nacionales» y acudirá a los tribunales europeos.

Tanto la Fiscalía como la acusación popular ejercida por Vox rechazaron los argumentos de la defensa y pidieron al Supremo que ratifique la condena.