El Supremo rechaza recusar a los jueces que juzgarán el 'procés'

Tres de estos incidentes, los presentados por el expresidente Carles Puigemont y sus exconsejeros también huidos Lluis Puig y Clara Ponsatí, se han inadmitido de plano en consonancia con lo defendido en su informe por la Fiscalía del Supremo, ya que los magistrados que pretendían que se apartaran no serán en todo caso los que les juzguen si regresan a España.

Las otros ocho recusaciones -presentadas por todos investigados en prisión con excepción de Joaquim Forn- han sido rechazadas con unos argumentos que serán dados a conocer en los próximos días, cuando el auto sea comunicado a las partes.

La Sala del 61 está integrada por 16 miembros que son el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, los presidentes de cada una de las cinco Salas del Supremo y los magistrados más antiguos y más modernos de cada una de ellas. Es decir, se trata de la cúspide de Alto Tribunal.

En la resolución de hoy, cuyos argumentos se darán a conocer en los próximos días, la decisión ha sido adoptada solo por 13 de los magistrados, ninguno de ellos de lo Penal, ya que tanto el presidente de esta Sala Manuel Marchena como el más antiguo de la misma, Andrés Martínez Arrieta, han debido ausentarse al ser integrantes del tribunal que juzgará el 'procés'. En el caso de Vicente Magro, también se ha apartado al haber sido el instructor del expediente de recusación.

En todo caso, la resolución se ha adoptado en línea con lo solicitado por la Fiscalía, según fuentes judiciales, que en su escrito calificó «fraude procesal y atentado a la buena fe» las pretensiones de los procesados por rebelión para apartar a los cinco magistrados a los que ha correspondido juzgar el caso en los próximos meses. Respecto del expresidente Carles Puigdemont añadía que constituye además «un sarcasmo que accione la recusación quien está huido de la Justicia».

Entre otros argumentos, los procesados pusieron en duda la neutralidad de estos jueces, los mismos que dictaron el auto por el que el Supremo admitió a trámite la querella que presentó la Fiscalía el 30 de octubre de 2017 contra los ahora encausados tras apreciar indicios de delito. En suma, los consideraban contaminados por haber resuelto ya asuntos del 'procés'.

Sin embargo, el fiscal Jaime Moreno respondió en su informe que «no concurre dato o indicio alguno para sostener que han entrado en contacto con la instrucción del procedimiento, ya que ni han valorado ninguna de las decisiones acordadas por el Juez instructor, ni han examinado por vía de recurso las diligencias y actuaciones practicadas durante la instrucción».