El Supremo rechaza paralizar la exhumación de Franco

«La medida cautelar solicitada debe ser denegada – afirma el Supremo- porque el acuerdo recurrido no justifica por sí mismo la exhumación de los restos de don Francisco Franco Bahamonde ni produce una situación irreversible que haga perder su finalidad al recurso»

Afirma el tribunal, que la exhumación, en cuestión, solamente podrá producirse en virtud del acuerdo que en su momento pueda adoptar motivadamente el Consejo de Ministros y ese acuerdo, susceptible desde luego de ser objeto de recurso ante esta Sala, «no podrá ser ejecutado sin que previamente los recurrentes hayan podido refrendarlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y esta Sala se haya pronunciado al respecto».

La decisión del Supremo ampara así las resoluciones adoptadas por el Consejo de Ministros el pasado 8 de noviembre. En aquella reunión se acordaron las primeras decisiones administrativas para proceder a remover los restos de exjefe del Estado, en base a la Ley de Memoria Histórica, entre ellas la orden de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para remitir al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, donde se encuentra el Valle de los Caídos, el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación.

El fallo de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, formada por seis magistrados y presidida por el conservador Jorge Rodríguez-Zapata, también deja activa la orden a los servicios técnicos de Patrimonio Nacional, en su calidad de patrono de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de elaborar un proyecto para la exhumación. Igualmente continua en vigor el informe encargado a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, como órgano de la Comunidad de Madrid competente en materia de sanidad mortuoria, sobre la extracción del cuerpo del dictador.

La familia de Franco, en su recurso en el que pedía como medida «cautelarísima» la paralización, esgrimía que en el procedimiento puesto en marcha por el Gobierno se vienen produciendo un cúmulo de «irregularidades», dado que la orden de sacar los restos es consecuencia de un decreto que emana de la Ley de Memoria Histórica, por lo que debería tener un «carácter colectivo», esto es deberían sacarse los restos «de todos aquellos inhumados en el Valle de los Caídos que no hubieran fallecido a consecuencia de la Guerra Civil» y no solo los de Franco.

La Abogacía del Estado, por su parte, había respondido a las alegaciones de los nietos del dictador que en el escrito únicamente se hacían referencias genéricas a la supuesta ilegalidad del acto de exhumar a Franco, sin concretar causas concretas. «Los únicos vicios concretos que se aducen carecen de todo fundamento, pues no se ha quebrado el principio de igualdad ni se ha producido indefensión de terceros«, alegaban los servicios jurídicos del Gobierno.