El Supremo pide la imputación de la expresidenta de ADIF por la contratación fraudulenta de Jésica

El magistrado de la Sala de lo Penal Leopoldo Puente, que instruye el Supremo la causa en la que está imputado Ábalos y en la que se investiga la trama corrupta que lideraba Víctor de Aldama, ha dictado un auto en el que acuerda remitir a Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional (y que investiga también parte de este mismo entramado) todas las actuaciones relacionadas con la contratación Rodríguez. Y ello -explica- con el fin de que Moreno «valore la existencia de posibles indicios de criminalidad en la actuación» de Pardo de Vera en el fichaje de la mujer que compartió vida, andanzas y viajes con José Luis Ábalos al menos durante dos años (entre finales de 2018 y finales de 2020). Y que, llegado el caso tome «declaración como investigada» a Pardo de Vera, «asumiendo la competencia de los hechos que se le atribuyen».

La decisión del instructor de instar a la imputación de Pardo de Vera, quien fue persona de extrema confianza de Ábalos, se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a principios de este mes de abril remitiera al Supremo un nuevo atestado en el que incluye un cruce de mensajes entre la exalto cargo de Transportes y Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. El 11 de febrero de 2019, García metió prisa a Pardo de Vera para cerrara la contratación de la pareja del entonces ministro. «Sólo una cosa, que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de Joseba, que sino Jose me corta los huevos», escribió a la directora la mano derecha de Ábalos.

Días después, Pardo de Vera, en un mensaje que revela que efectivamente se involucró personalmente en el fichaje de Jésica, contestó a Koldo García: «Están ya con ello, mañana le llaman, no se puede dar de alta sin seguir un procedimiento». Poco después, los mensajes de la examante de Ábalos a Koldo atestiguan que efectivamente le llamaron para una entrevista laboral en la Feria de Madrid.

A la vista de este informe de la UCO y de la información remitida al Supremo por Ineco y Tragsatec, el magistrado concluye que hay indicios bastantes para considerar que Isabel Pardo de Vera «habría podido tener una participación relevante en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida liberalmente por José Luis Ábalos, quien habría contado para ello con la participación relevante del también investigado en esta causa, Koldo García Izaguirre, sin que, además, aquella, durante el período en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna», señala el instructor.

Pero el fichaje de Jésica no es el único bajo sospecha para el Supremo en lo que a las 'amigas' de Ábalos se refiere. El juez Leopoldo Puentes ha acordado citar como testigo a Claudia Montes, otra mujer cercana al exministro, militante socialista pero, sobre todo, conocida por su título de Miss Asturias +30 en 2017. El magistrado recuerda que el informe de la UCO apunta que a Montes «podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail, vinculada al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana» por la «influencia» de Ábalos y «con la relevante colaboración del también investigado Koldo García».

Más allá de las contrataciones de las mujeres cercanas a Ábalos, el instructor del Supremo, en el mismo auto dictado hoy, acuerda una importante ampliación de su investigación, ordenando a la UCO que investigue las supuestas obras públicas que Víctor de Aldama asegura que se amañaron. El instructor ha tomado la decisión de profundizar en esta línea después de que un peritaje caligráfico certificara que la letra de Koldo García es la que aparece en un pantallazo aportado al Supremo por De Aldama con anotaciones y subrayados sobre las supuestas obras pre-adjudicadas.

Según Víctor de Aldama, el propio Koldo García le envió ese pantallazo a su teléfono móvil con la adjudicación de obra pública correspondiente al año 2019, aunque esos amaños se habrían extendido a los años 2020 y 2021. De Aldama, que aseguró en sede judicial que llegó a repartir hasta cuatro millones de euros en comisiones destinadas a Koldo García, Ábalos y al PSOE, apuntó al amaño de 39 proyectos. Esas irregularidades fueron desmentidas por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, quien encargó un estudio que determinó que de los 39 proyectos señalados por el comisionista se llegaron a licitar 21 y solo seis de ellos se hicieron durante el mandato de Ábalos. El resto fueron con la exministra socialista Raquel Sánchez (11) y los populares Íñigo de la Serna (tres) y Ana Pastor (uno). En suma, el documento zanjaba que «ninguna tramitación o gestión de dichos expedientes ha devenido en la constatación de actuación irregular».

Por último, el juez, en sus resoluciones de este miércoles, rechaza porque no resultan «pertinentes, útiles ni necesarios a los fines de la investigación» todas las diligencias solicitadas por la defensa de José Luis Ábalos, entre ellas la citación como testigos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del secretario de Estado de este Ministerio, Rafael Pérez Ruiz.

El exministro de Transportes había solicitado estas declaraciones porque el informe de la UCO reseñaba que el Ministerio del Interior también adquirió durante la pandemia una importante cantidad de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, que se encuentra investigada en la Audiencia Nacional.

Respecto a esta adjudicación, Leopoldo Puente señala que no se ha identificado «en el presente procedimiento irregularidad alguna determinante de la incoación de diligencias de investigación orientadas a esclarecer sus circunstancias».