El Supremo desoye al fiscal general y deja en prisión a Forn

En ambos casos, la Sala de Apelaciones, formada por tres magistrados, comparte el criterio del juez instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena: se mantiene el riesgo de reiteración delictiva.

En el auto relativo a Forn, el tribunal indica, en primer lugar, que el recurrente mostró una especial determinación en la ejecución de los hechos delictivos que se le imputan, «cuya organización y ejecución se prolongó durante un periodo cercano a los dos años», «hechos entre los que se encuentran aquellos que se orientaban a a incitar a los ciudadanos a votar en un referéndum ilegal como paso previo a la independencia a pesar de la oposición evidente del Estado, y a permitir el enfrentamiento físico de los ciudadanos con las fuerzas policiales que trataban de asegurar el cumplimiento de la ley».

Como segundo punto, la Sala recuerda que Forn ocupó entonces un cargo de especial responsabilidad como consejero, desde el cual se impulsaron y cometieron los hechos que indiciariamente se consideran delictivos, lo que le convertía en uno de los referentes de sus partidarios, «situación que previsiblemente recuperaría en caso de obtener la libertad provisional».

En relación con la posición mantenida por el fiscal, que solicitó en la vista del recurso la libertad bajo fianza de 100.000 euros de Forn, el tribunal señala que en su exposición el Ministerio Público se limitó a señalar en primer lugar que no existía riesgo de reiteración delictiva, «lo que no acompañó de argumento alguno de sentido contrario».

En segundo término, el fiscal mencionó una enfermedad del recurrente «cuya existencia –destaca el auto—no consta a esta Sala, y que no fue alegada ni documentada por la defensa». El tribunal, teniendo en cuenta estos dos aspectos, concluye que no se aprecian razones derivadas de las mencionadas alegaciones que puedan ser consideradas suficientes para rectificar el criterio del instructor.

En relación con el recurso presentado por Jordi Sánchez, la Sala afirma que en este caso «resulta evidente que la magnitud de los indicios y la apariencia de buen derecho, junto con una motivación precisa permiten concluir que la decisión adoptada fue respetuosa con los derechos a la presunción de inocencia».

«El respeto a la ley que los investigados despreciaron con sus actuaciones criminales ha sido precisamente el que ha presidido el dictado de esta resolución, que solo sobre el presupuesto de fundadas razones sacrificaba los derechos invocados», ha señalado el auto.

Del mismo modo, la Sala niega que se hayan vulnerado los derechos a la libertad ideológica y a la participación en asuntos públicos del recurrente. «No existen presos políticos en esta causa, sino políticos que están presos por haber cometido indiciariamente delitos gravísimos de rebelión y sedición. Pretendían, con violencia, absolutamente imprescindible para consumar sus propósitos de sustitución de la legalidad constitucional por otra distinta y espuria, segregar de España un aparte de su territorio. Y ese es un gravísimo delito contra la Constitución española».