Rajoy y Urkullu declararán como testigos en el juicio del 'procés' que comienza el 12 de febrero

Junto a él, también desfilarán por el Supremo –la posibilidad de que alguno pueda declarar por videoconferencia es más que improbable– la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el lehendakari Iñigo Urkullu, el actual presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent; diputados como Gabriel Rufián y Joan Tardá, la ex coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el exdelegado de Gobierno en Cataluña Enric Millo. Actores todos, en una u otra medida, de los días clave en que el soberanismo puso contra las cuerdas la unidad del Estado. Y con la obligación como testigos de decir verdad y contestar a todas las partes.

Especial relevancia tendrán, quizás más por hechos políticos que jurídicos, todos los pormenores de los contactos mantenidos en aquellas fechas, por un lado, entre Rajoy el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; y por otro, entre Iñigo Urkullu y Puigdemont, cuya petición de declarar como testigo ha sido rechazada. En su auto, la Sala razona que la condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no enjuiciada, es manifiestamente incompatible con la obligación de decir verdad que asume todo testigo. El lehendakari, en cambio, sí tendrá que aclarar su papel de intermediario entre Moncloa y el Palau de la Generalitat en los momentos críticos.

De idéntico modo, la Sala rechazó la petición de que Felipe VI declare como testigo, porque, recuerda, lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tampoco ha admitido el testimonio del jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, al no contemplar nuestro sistema «el testigo por sustitución». Las defensas de los líderes del independentismo habían pedido la testifical del Rey por el discurso que pronunció dos días después del referéndum ilegal del 1-0 que aún hoy sigue resquemando al soberanismo.

Asimismo, también se ha excluido de la relación de testigos a Alfredo Pérez Rubalcada, al venir referido su testimonio a hechos anteriores a la consulta del 9-N de 2014, y a Pilar Rahola, al estimar los magistrados que «sus valoraciones son prescindibles».

Ignacio Cosidó, actual portavoz del Senado por el PP, tampoco será llamado a declarar;las defensas solicitaron su presencia por el mensaje que envió a su grupo parlamentario cuando Manuel Marchena fue propuesto para presidir el Consejo General del Poder Judicial. En la resolución se indica que las dudas vertidas sobre la imparcialidad del presidente del tribunal del 'procés' ya fueron despejadas en su día.

Tampoco fue declarada pertinente la prueba pericial de Derecho Internacional propuesta por Junqueras y Romeva, encaminada a que un relator internacional y un experto independiente explicaran al Supremo «el alcance actual y significado del derecho de autodeterminación».

Las defensas de los acusados habían pedido al tribunal margen suficiente entre este auto y el comienzo de la vista oral, en un principio prevista para la semana del 4 de febrero, para preparar la estrategia procesal. Nueve de los 12 procesados están en prisión preventiva y fueron trasladados este viernes a centros penitenciarios de Madrid para estar a disposición ya del tribunal. Se trata del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (ERC), acusado de rebelión y malversación, idénticos cargos a los que se enfrenta el exconseller de Interior Joaquim Form (JxCat), el exconseller de Presidencia Jordi Turull (JxCat), el exconseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva (ERC), la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa (ERC) y el exconseller de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull (JxCat). Acusados de rebelión están el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, así como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Los otros tres líderes independentistas que serán juzgados desde el 12 de febrero en el Supremo son la exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs (ERC), el conseller de Justicia Carles Mundó (ERC) y el exconseller de Innovación Santi Vila (PDeCAT), acusados de desobediencia y malversación.