La Fiscalía defiende que el Supremo juzgue el 'procés' porque afectó al «territorio nacional»

El fiscal del caso, Jaime Moreno, ha argumentado la competencia del alto tribunal porque la «diana», «el corazón del ataque» de los encausados en este procedimiento, fue el orden constitucional y democrático, «y sus resultados afectaron a todo el territorio nacional». Por su parte, los abogados defensores han alegado de forma previa que no se han cometido hechos delictivos fuera de Cataluña que puedan integrar el tipo penal de rebelión.

El fiscal Moreno ha añadido que las acciones en el extranjero -como el impulso del voto para el referéndum ilegal del 1-O en el exterior o la intervención de un 'lobby' estadounidense- no fueron aisladas y «era absolutamente necesario» la internacionalizar el conflicto. Ha considerado, por lo tanto, que sería «erróneo» creer que las acciones fuera de Cataluña o en el extranjero que se han introducido en su escrito de acusación sean tangenciales, «porque hablamos de una estrategia que deben ser considerados en su conjunto».

Si bien Moreno ha reconocido que actividades como la Diplocat (Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña) y otras que se desarrollaron fuera de España para promover el referéndum ilegal no constituyeron actos violentos en sí mismos, ha defendido que «en un delito de rebelión no todos los actos tienen que ser violentos». También ha rechazado que pueda compararse esta causa con la que se juzgó en el Tribunal Superior de Cataluña por la consulta del 9-N de 2014, ya que en el caso actual las acciones fueron violentas y además se intentaron impedir por el Estado.

La abogada del Estado Lucía Pedreño -que sustituye a Edmundo Bal, relevado por el Gobierno por sus diferencias de criterio en los delitos de los que acusa esta parte- ha defendido igual que la Fiscalía la competencia del Supremo para juzgar el 'procés' porque, en su opinión, no se puede negar que hubo «actos de internacionalización».

Los abogados de los procesados han defendido de forma previa que es el alto tribunal catalán y no el Supremo el que debería sentarlos en el banquillo, dado que el proceso soberanista catalán y los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre de 2017, el referéndum del 1-O y la posterior Declaración Unilateral de Independencia (DUI) -suspendida por el Tribunal Constitucional- ocurrieron íntegramente en Cataluña.

Andreu Van den Eynde, defensor del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva, ambos en prisión preventiva procesados por un delito de rebelión -el primero se enfrenta a 25 años de prisión y el segundo, a 16-, ha abierto el turno de palabra de las defensas. «Nunca había estado tan convencido de la causa que defienden mis clientes. Son políticos haciendo política. Y en este procedimiento se han vulnerado derechos fundamentales», ha alegado ante el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena.

El letrado ha cuestionado que la causa se dirima en el Supremo «cuando el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona lleva un año investigando el delito de rebelión con presencia de aforado». Y ha señalado a la Fiscalía, con su querella inicial, «ha retorcido« y »ha pervertido« la técnica procesal para »un uso de persecución política«.

Jordi Pina, abogado de Jordi Turull o Jordi Sànchez, ha asegurado por su parte que los actos tuvieron lugar en Cataluña y que el juez predeterminado por la ley debería ser de ese territorio. Ha detallado que fue la Fiscalía quien consideró la «extraterritorialidad» del proceso con argumentos muy débiles. Fueron sobre todo «hitos» que vinculaban al 'procés' con elementos externos como registros de censos de catalanes en el exterior, apoyo de observadores internacionales o la acción exterior del Diplocat, un consorcio público-privado para dar proyección a Cataluña en el extranjero.

Pese a la ausencia de los acusados, la expectación mediática ha sido muy alta con 226 periodistas acreditados de 70 medios de comunicación. El tribunal dará a conocer en los próximos días su resolución y, si el juicio se celebra en el alto tribunal, como todo parece indicar, las defensas tendrán diez días para presentar sus escritos antes de comenzar la vista oral.