El Gobierno se enfrenta a 48 denuncias en el Supremo por su gestión de la epidemia

Hasta ahora, la tónica general en otros juzgados había sido archivarlas por falta de indicios suficientes o para evitar hacer «investigaciones prospectivas» de la gestión sanitaria. Hasta el momento, la única jueza queha abierto un investigación fue la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, en la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al que se acusaba de prevariación por permitir la marcha del 8-M en la capital del país. Este proceso, al que se dio carpetazo, tuvo un marcado tinte político por el polémico informe que elaboraron los expertos de la Guardia Civil, que contenía algunas imprecisiones y a la postre provocó el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por «no informar de las investigaciones» al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que justificó la decisión alegando «pérdida de confianza».

La Abogacía del Estado, por su parte, acusó a la jueza de intentar abrir una «causa general» contra la gestión de la crisis sanitaria realizada desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, el Ministerio de Sanidad y el Gobierno, y llegó a afirmar que la Policía Judicial «se extralimitó» al pedir documentación al centro sin una orden judicial.

También se han rechazado ya al menos cuatro querellas contra el director de dicho centrom, Fernando Simón, que fueron presentadas por la Asociación Española de Víctimas del Covid-19 (Adavic-19), la Asociación contra la Gestión del Coronavirus, la Unión de Consumidores José María Mena y una particular.

Lo cierto es que nunca antes la Sala Segunda, presidida por Manuel Marchena, había recibido tal avalancha de acciones penales en un periodo tan corto de tiempo por un hecho concreto, algunos magistrados del alto tribunal creen que no será necesario iniciar una causa general que agrupe todas estas acciones penales. Por el momento, en el Supremo se está estudiando cómo organizar y acumular todo este material antes de concluir si existen indicios que permitan abrir una investigación.

Es precisamente la diferencia entre unas acusaciones y otras es la que está ocupando estos días la labor del Supremo ya que mientras que las denuncias pueden ser presentadas directamente para informe a la Fiscalía, al igual que las querellas que impulsan acusaciones particulares, las que son presentadas por asociaciones requieren más trámites. Como ejemplo, sus representantes deben presentar el correspondiente poder y se les impone una fianza, que suele ser por norma general de 12.000 euros.

Además, no todas van dirigidas contra todo el Gobierno de Pedro Sánchez de forma genérica, algunas lo hacen específicamente contra el presidente o contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, mientras que otras acusan a altos cargos de su departamento como es el director Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Una vez se organicen todas estas acciones por grupos se remitirán a Fiscalía para que fije postura sobre competencia, sobre la conveniencia de las acumulaciones y sobre la existencia o no de indicios para sostener una investigación penal.

Cabe recordar que el primero en abrir la vía penal contra el Gobierno fue un abogado. A finales de marzo Víctor Valladares acudió al Supremo (competente por la condición de aforados de los miembros del ejecutivo) para denunciar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delitos de prevaricación y/o lesiones por imprudencia profesional por permitir la Delegación del Gobierno las marchas del 8-M..

Entre los colectivos que se han sumado a la oleada de denuncias se encuentra elCSIF, que el pasado 31 de marzo acusó a Illa de «falta de previsión»y dotar al personal sanitario de «insuficientes medidas de protección». Vox también respalda la ofensiva judicial por delitos de imprudencia grave con resultado de muerte.