El Supremo delibera los primeros 29 recursos por la rebaja de penas del 'solo sí es sí'

Tras más de 1.000 reducciones de condena a agresores sexuales -un total de 1.079, según el recuento oficial a fecha del pasado 1 de mayo- y más de cien excarcelaciones por la aplicación de ley del 'sólo sí es sí', el Pleno de la Sala Segunda (Penal) aborda mañana y pasado la deliberación de hasta 29 recursos presentados por la Fiscalía y las partes sobre casos concretos. El objetivo es fijar una doctrina definitiva que afecte al resto de sentencias firmes.

A tan solo un mes y medio de las elecciones generales, lo que salga en este cónclave presidido por Manuel Marchena, convocado antes de adelantarse los comicios del 23-J, tendrá una indudable repercusión política en este estado permanente de precampaña. Ello pese a que el PSOE sacó adelante una reciente contrarreforma, con el apoyo del PP, de la ley impulsada por la ministra Irene Montero (Unidas Podemos) para tratar de cortar de raíz la sangría de revisiones de condenas y la alarma social generada.

Concretamente, la Sala Segunda revisará los criterios aplicados por las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia en cumplimiento de la norma impulsada por Igualdad. Hasta el momento, los pronunciamientos del alto tribunal no han afectado a estas condenas firmes, pero ahora toca analizar la validez de todas aquellas decisiones que los jueces han ido adoptando desde noviembre pasado, obligados por la reforma de Montero y por el principio penal que obliga a aplicar la ley de forma retroactiva siempre que sea favorable al reo.

De los 29 primeros recursos encima de la mesa, cada uno de los integrantes de la Sala será el ponente de dos asuntos, mientras que el presidente Manuel Marchena será de uno, por lo que es bastante probable que pueda producirse división en alguno de los casos. De los 29 recursos que afectan a casos sentenciados en órganos judiciales de diez comunidades, 15 son relativos a delitos sexuales contra menores.

La nueva reforma penal instada por el PSOE, y que provocó su enésimo desencuentro con sus socios de Gobierno de Unidas Podemos, permite evitar que los casos futuros de agresión sexual acusen penas más bajas. Para evitarlo, se introduce un subtipo en el delito de agresión sexual para volver a incluir la circunstancias de violencia o intimidación.

Ahora el Pleno de la Sala Segunda debe dirimir, entre otros temas de carácter técnico, la validez de los criterios adoptados por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para tratar de frenar la sangría de rebajas. Hasta el momento, el Ministerio Público ha presentado más de 230 recursos contra reducciones de penas y excarcelaciones ante el alto tribunal.

Las instrucciones lanzadas por el fiscal general a sus subordinados pasan por entender que en aquellos casos en los que la pena impuesta también fuera imponible con arreglo a la regulación resultante de la reforma no procederá la revisión de la condena. Se trata de analizar las diferentes horquillas de penas de cárcel para cada uno de los delitos, y valorar si se puede seguir manteniendo los años de cárcel impuestos inicialmente tras el correspondiente juicio al agresor sexual.

Otra de las cuestiones que deberá valorar el Supremo pasa por la posibilidad de aplicar a los casos de condenas contra la libertad sexual lo dispuesto en el apartado dos de la Disposición Transitoria segunda del Código Penal, tanto en las redacciones de 2015 como en la de 2022, que explicará a los jueces cómo actuar. Una posibilidad que para muchos juristas no es más que un parche dado que la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad no estableció ninguna regla de estas características al final de su articulado y, además, la aplicación de la ley más beneficiosa para el reo (retroactividad favorable) es un principio fundamental.