La Audiencia Nacional llevará el 'caso Koldo' y no la Fiscalía Europea

La acusación comunitaria había reclamado para sí toda la causa basándose, entre otra cosas, en un informe elaborado por el Gobierno a instancias de Bruselas una vez destapada, el pasado febrero, la trama. Ese documento cifraba el 17,8 millones provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del de Solidaridad que podrían estar repercutidos por la actividad eventualmente delictiva de García y los empresarios que se beneficaron de los contratos con distintas administraciones en un período tan crítico como el del confinamiento por la covid. La Fiscalía Europea, con el foco puesto en primera instancia en las adjudicaciones efectuadas por los gobiernos de Baleares y Canarias –bajo mandato entonces, respectivamente, de la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del ministro Ángel Víctor Torres–, acabó pidiendo hacerse cargo de toda la investigación al interpretar que la trama es la misma. Y que sus protagonistas llevaron a sus bolsillos fondos comunitarios.

El auto dictado ahora por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Machena, y los magistrados Juan Ramón Berdugo y Ángel Luis Hurtado, resuelve con una consideración opuesta a la del Ministerio Público europeo la cuestión de competencia que elevó Ismael Moreno, que retendrá así la instrucción del sumario en el juzgado número dos de la Audiencia Nacional. El alto tribunal, que avisa de que cortocircuitar las pesquisas que Moreno lleva ya «avanzada» y niega que la Fiscalía cuente con medios y capacidades superiores a los acreditados por la Audiencia, zanja que no se ha acreditado hasta ahora que «los intereses financieros» de la UE se hayan visto erosionados por la actividad de la red. Lo que implica descartar, al menos en este momento procesal, que haya mediado la malversación que está singularmente combatida por el ordenamiento de la Unión.

Los magistrados del Supremo no solo dejan en poder de su colega español la parte de las averiguaciones que le competían hasta la fecha, sino también los contratos adjudicados por los servicios de Salud balear y canario objeto del procedimiento de la Fiscalía Europea. Esta mantiene así su competencia en lo que se refiere «exclusivamente a la determinación de la posible comisión de un delito contra los intereses financieros» de la UE. La Sala descarta que se haya acreditado la existencia en la trama investigada de un «interés supranacional que pudiera justificar la intervención» de la institución comunitaria.