El Supremo concluye que Inés Madrigal no fue un bebé robado

La Sala Segunda (de lo Penal) mantiene en su sentencia sobre el primer caso juzgado de de un bebé robado -ahora descartado- todos lo demás los hechos acreditados por la Audiencia Provincial de Madrid como los delitos de falsedad documental y como ilegal procedimiento de entrega de la niña al margen de los cauces regulares para una adopción (suposición de parto). La sentencia conocida hoy no entra a valorar la prescripción de los hechos que absolvieron al doctor Vela porque ya está fallecido.

Y es que la Audiencia de Madrid absolvió a Vela por prescripción pero le consideró responsable de delitos de falsedad, suposición de parto y detención ilegal, en el caso de este último delito por entender que se hizo sin el consentimiento de la madre biológica. La defensa del acusado, que ejercen tras su fallecimiento en 2019 sus herederos, consideró vulnerada su presunción de inocencia por darse por acreditados los delitos, aunque ya prescritos.

El Supremo estima ahora la queja de la familia sólo en relación al delito de detención ilegal, al no considerar probada la ausencia de consentimiento por parte de la madre biológica a la entrega, pero no en los delitos de falsedad y suposición del parto.

La Sala avala las diligencias preprocesales aportadas por la Fiscalía de las que se desprende, «sin resquicio alguno para la duda, que ha sido identificada la madre de Inés Madrigal, personada como acusación particular como supuesta víctima del delito de detención ilegal; y que aquella prestó su consentimiento para que su hija recién nacida fuese entregada a un matrimonio que se encargaría de acogerla y criarla como una hija según han confirmado no solo la hermana de aquella, sino también algunos de sus hijos, que lo conocían por referencias de familiares tan cercanos como su padre».

Así, el tribunal argumenta en su sentencia que la Audiencia de Madrid acreditó la ausencia de consentimiento de los padres biológicos basándose en pruebas indiciarias. Pero no hubo ninguna declaración directa de que se tratara de una sustracción y no entrega voluntaria por parte de la progenitora, tal y como venía autorizado en la normativa registral entonces vigente que permitía a ésta mantener oculta su identidad.

El tribunal considera que el razonamiento de la Audiencia es plausible, «pero es- lo era también antes de localizarse a la familia biológica de la menor- demasiado abierto en el sentido de que se presentaba, al menos , con igual grado de probabilidad una hipótesis alternativa no incriminatoria: que se hubiese contado con el consentimiento libre de los progenitores. Era ese un hecho en aquella época no insólito o extraño, sino relativamente habitual».

En cambio, la Sala considera que el acusado intervino tanto en la certificación falsa para inscribir a la niña en el Registro Civil como en toda la maniobra para entregarla a la coimputada fallecida y su marido. El certificado donde figuraba su firma, que él mismo reconoció, «se emite con vocación, que no puede desconocer su emisor, de provocar un asiento en un registro público de tanta importancia como es el Registro Civil».

Sobre la prescripción alegada por la Fiscalía, la Sala argumenta que en este caso los recursos estarían probablemente abocados al fracaso, ya que al estimar la presunción de inocencia en el delito de detención ilegal «se viene abajo buena parte del armazón argumental trabado para descalificar la prescripción que llevó a la Audiencia a la absolución» y que ahora, tras el falleciminto de Vela en 2019, carecen de sentido pronunciarse.