Los exconsejeros saldrán de la cárcel si regresan al «marco constitucional»

El juez del alto tribunal Pablo Llarena, instructor de la causa que se sigue contra los máximos responsables del proceso soberanista que culminó el 27 de octubre con la declaración unilateral de independencia en el Parlament, citó hoy en una providencia a los diez investigados que se encuentran en prisión provisional sin fianza (incondicional) en tres cárceles de Madrid.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordó su encarcelamiento con el visto bueno de la Fiscalía tras tomarles declaración y apreciar riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de ocultación y/o destrucción de pruebas. El exconsejero Santi Vila quedó en libertad provisional tras abonar 50.000 euros de fianza y los cinco restantes investigados, con el expresidente Carles Puigdemont a la cabeza, no acudieron a la citación tras fugarse a Bélgica.

Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) entraron en la prisión de Soto del Real el 16 de octubre dentro de la causa por un delito de sedición que investigaba la juez Lamela. Por su parte, los ocho exconsejeros del Govern lo hicieron el 2 de noviembre en las prisiones de Estremera (hombres) y Alcalá-Meco (mujeres) tras comparecer ante la misma magistrada por la querella por un delito de rebelión presentada por el fiscal general José Manuel Maza, fallecido el 18 de noviembre en Argentina a causa de una infección renal durante un viaje de trabajo.

Ambos procedimientos fueron unificados entonces por Lamela y este lunes, tras escuchar a las partes y pese a la oposición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, remitió todo el sumario al Supremo a petición de su compañero Llarena.

Este juez ya investigaba a la presidenta del Parlament Carme Forcadell y a cinco miembros de la Mesa de la Cámara catalana por otra querella por rebelión, y entendió que la causa de la Audiencia y la suya estaban conectadas para asumir la práctica totalidad de la competencia (solo se quedaron en el juzgado de Lamela las actuaciones contra el exmayor de los Mossos Josep Lluis Trapero y la intendente Teresa Laplana).

Llarena, expresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, colectivo ubicado en el «sector conservador», y con amplia experiencia en juzgados y tribunales de Cataluña, donde ha pasado 19 de sus 28 años como togado (presidió la Audiencia de Barcelona), interrogó el 9 de noviembre a Forcadell y a los cinco integrantes de la Mesa. Pese a la petición de la Fiscalía, que reclamó prisión incondicional para la primera, el juez fue benévolo y le impuso una fianza de 150.000 euros para salir de la cárcel, que abonó al día siguiente. Mientras que a los cuatro investigados de Junts pel Sí decretó libertad bajo fianza de 25.000 euros y al quinto, Joan Josep Nuet, de Cataluña Sí Ques Es Pot, libertad sin medidas cautelares.

Este auto de Llarena, burgalés de 54 años, marcó un antes y un después en la causa contra el 'procés'. La razón es que trazó las condiciones para que los investigados evitaran la prisión incondicional. Para ello era imprescindible acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución aprobado por el Senado, que supuso la destitución de todo el Govern, y comprometerse a seguir haciendo política, en el caso de que los querellados lo deseen, dentro del «marco constitucional».

Este presupuesto es fundamental, ya que supone reconocer de palabra, ante el juez y el fiscal, el abandono explícito de la vía unilateral y minimizar así el riesgo de reiteración delictiva. Así sucedió con Forcadell, que finalmente irá como número cuatro en la lista de Esquerra.

Si los investigados incumplieran esta suerte de pacto bilateral, advirtió Llarena en su auto, se revocaría su libertad provisional (con medidas cautelares) por la de prisión incondicional. Por lo tanto, los ocho exconsejeros del Govern y los dos líderes civiles independentistas lo tienen muy fácil este viernes si quieren estar en la campaña electoral: exponer la 'vía Forcadell' ante el juez, convencerle de que su reiterado incumplimiento de las setencias del Constitucional y sus posiciones unilaterales son ya cosa del pasado y ahora apuestan por el «diálogo». Algo que no hicieron con Lamela, ante la que se negaron a declarar y solo respondieron a sus abogados. Una estrategia que les llevó a la celda.