El Supremo anula el traspaso a Navarra de las competencias de Tráfico pactadas por el Gobierno con Bildu

En el anticipo de la sentencia hecho público hoy, los magistrados concluyen que no cabe emplear la fórmula de un real decreto de traspaso competencial para atribuir una competencia que no está reconocida a Navarra en la LORAFNA, la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra -a la sazón, su Estatuto de autonomía-, ni amparada en sus derechos históricos. El alto tribunal no niega que la materia no pueda ser asumida por el Gobierno regional, pero sí objeta que para ello es preciso reformar la citada LORAFNA o bien aprobar una ley orgánica amparada por el artículo 150.2 de la Constitución.

El fallo constituye un revés para el Ejecutivo de Sánchez por su manera de legislar, duramente criticado por la oposición por el abuso de los decretos y, en este caso, por lo que el PP y Vox interpretaron como una cesión inasumible a «los herederos de ETA» por su valor simbólico sobre el papel de la Guardia Civil. En su resolución, los jueces resaltan que la LORAFNA no incluye un título competencial que se identifique con las funciones que ha venido desempeñando la Agrupación de Tráfico del instituto armado en Navarra. Por esta razón, el alto tribunal identifica la controversia en la necesidad de determinar si, para que la comunidad foral asuma la gestión del tráfico y de los vehículos a motor basta con el acuerdo de traspaso por ostentar ya esa competencia como parte de su Derecho histórico o si bien es preciso, como concluye, reformar la ley.

En su análisis antes de resolver sobre la impugnación de Jucil, la sala ha indagado sobre qué prerrogativas tenía el autogobierno navarro en este capítulo antes de que se promulgara la LORAFNA. Hecha la revisión, los magistrados deducen que «la realidad normativa» anterior y posterior a la aprobación de la norma estatutaria nunca ha conferido al Ejecutivo de Pamplona las competencias en tráfico, que han sido ejercidas siempre por la Guardia Civil con una labor «subordinada» de la Policía foral.

Agregan los jueces que al no deducirse de la LORAFNA la referida competencia es preciso indagar qué competencias tenía Navarra respecto de tráfico y vehículos a motor al tiempo de promulgarse la LORAFNA. Y la realidad normativa posterior y previa a la LORAFNA, destaca la sentencia, es que la competencia ha sido siempre de la Guardia Civil, ejerciendo la Policía Foral una función subordinada y que se limita a la «colaboración o cooperación». Solventado el fondo de la deliberación, el Supremo evalúa también un aspecto formal relevante alegado por el Gobierno navarro: si Jucil está legitimada para poder recurrir el decreto del Ejecutivo de Sánchez.

Los magistrados resaltan, para justificar la admisión de la asociación como parte en el contencioso planteado, que es «paradójicamente» la comunidad foral la que acaba efectuando «la mejor defensa de la legitimación activa» de Jucil. Lo hace, a ojos del tribunal, cuando sostiene que los intereses profesionales, personales y familiares de los guardias civiles afectados por el traspaso están «satisfechos» porque podrán cambiar de funciones o seguir desempeñándolas «en otros destinos geográficos»; es decir, o yéndose fuera de Navarra o bien pasándose a la Policía foral. Para el Supremo, «es obvio que cualquiera de esas alternativas incide, al menos, en los intereses profesionales de los guardias civiles y lo hace hasta el punto de prever su integración en otro cuerpo policial», lo que avala que Jucil pudiera interponer el recurso que ahora le ha resultado favorable.

No es la primera vez que el alto tribunal toma posición sobre una disputa competencial relacionada con la administración del Tráfico en Navarra. En 2018, la Sala de lo Contencioso dictaminó sobre otro pleito que enfrentó al Gobierno central de entonces, en manos del PP, y a la Dirección de Interior del Ejecutivo que comandaba UPN y lo hizo en sentido contrario a la sentencia de este lunes aunque el punto de partida no era de la entidad del traspaso ahora planteado. La resolución de hace seis años revocó una previa del Tribunal Superior navarro y dio la razón al Ejecutivo foral al interpretar que los derechos históricos sí amparaban la reclamación por éste de la potestad para aplicar unas «medidas especiales» sobre la circulación a lo largo de 2015. El fallo también cotejaba la reivindicación con lo establecido por esa foralidad histórica y constataba que «la Diputación del Reino» tenía competencias en el siglo XIX sobre «construcción, reparación y cuidado» de las carreteras.

La sentencia conocida hoy llega en un contexto delicado ante el rechazo que suscita en parte significativa de la Magistratura la ley de amnistía para las causas vinculadas al 'procés' independentista catalán. Una norma pendiente de aprobación que interpelará directamente al Supremo en tanto que tribunal sentenciador-la Sala de lo Penal- del intento ilegal de promover la ruptura con España y el que deberá decidir si prosigue o no con la imputación contra Carles Puigdemont por presunto terrorismo en el 'caso Tsunami Democràtic'. En los últimos meses, la Sala de lo Contencioso ha adoptado otros veredictos comprometidos para el Gobierno como el que anuló el ascenso de la exministra de Justicia y exfiscal general del Estado Dolores Delgado promovido por su sucesor al frente del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, y la revocación del nombramiento de la también exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado.