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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda que el novio de Isabel Díaz Ayuso presentó el pasado 14 de noviembre contra la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero por la presunta intromisión ilegítima en su derecho al ... honor. Una vulneración por la que el empresario sanitario, investigado por fraude fiscal, le reclama 40.000 euros de indemnización por perjudicar su reputación.
El alto tribunal, que da 20 días a la ministra para responder a la querella, ha decidido tramitar la demanda como un juicio «ordinario» pero con «carácter preferente» para dilucidar si la vicepresidenta atentó contra el honor de Alberto González Amador por unas declaraciones que realizó Montero el pasado 12 de marzo en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en pleno escándalo tras conocerse la denuncia de la Fiscalía contra la pareja de la presidenta madrileña por un presunto fraude en el impuesto de sociedades de más de 350.000 euros.
Entonces, la aforada pidió explicaciones a Díaz Ayuso por estar viviendo «en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública» y que «se abonó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia». Montero también indicó que le parecía «llamativo» que Díaz Ayuso «tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntas causas de fraude, sean de mascarillas o de comisiones o de cualquier otra cuestión». Dijo además que «se lo tiene que hacer mirar» y le pidió que dé explicaciones «con normalidad» ya que suele ser «tan rápida» a la hora de contestar. «¿Por qué no responde a esta cuestión?», insistió.
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Melchor Sáiz-Pardo
El abogado de González Amador (investigado por cuatro delitos por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid -fraude fiscal, falsedad documental, administración desleal y corrupción en los negocios-) el pasado mes dio el paso de acudir al Supremo después de que el pasado 2 de octubre quedará sin efecto el acto de conciliación al que había instado el demandante para que la ministra de Hacienda se retractara de sus afirmaciones. Pero ésta decidió no acudir.
Esta nueva ofensiva judicial por la vía civil que sí que ha sido admitida a trámite llega después de que otra jurisdicción del Supremo, la penal, inadmitiese dos querellas contra Montero por delitos de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos.
A finales de octubre, la Sala Segunda consideró que la vicepresidenta no reveló «ningún dato personal o reservado» sobre González Amador cuando hizo estas declaraciones del 12 de marzo pasado. El tribunal rechazó así los escritos de dos asociaciones con intereses partidistas, la Asociación Liberum y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, y recordó que esas declaraciones de Montero se hicieron a las 17:30 horas y la información sobre la denuncia de la Fiscalía a González Amador se publicó en un medio de comunicación, El Diario.es, a las 6.01 horas de la mañana, «por lo que ningún dato o información pudo revelar que debieran permanecer secretos».
Lo que, a su juicio, «pone de manifiesto que, cuando la querellada efectuó las manifestaciones a que se refieren las querellas, la denuncia de Fiscalía y su contenido, entre el que figuraba el informe de la Agencia Tributaria, ya habían trascendido a terceros y se habían hecho públicos». De esta forma «no puede estimarse cometido el delito de descubrimiento y revelación de secretos» porque «ningún dato personal y reservado reveló de González Amador», sino que «se limitó a dar su opinión sobre lo que, a su juicio, debería hacer la Presidenta de la Comunidad de Madrid ante las noticias difundidas en relación a su pareja».
Además, concluyó, «tampoco aparece, del propio contenido de sus manifestaciones, que las declaraciones realizadas se refirieron a datos o informaciones de los que tuviere conocimiento por razón de su cargo».
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