El Supremo absuelve a una policía condenada por sustraer un Rolex incautado

La agente A. A. R., guipuzcoana de 37 años, trabajaba en 2013 en el Grupo de Control de Compraventa de Joyas de Marbella. Una unidad adscrita a la Brigada de la Policía Judicial. Tenía acceso completo a la sala de objetos incautados en los registros: un habitáculo de ocho metros cuadrados con una caja fuerte. Su entonces pareja, S. T. A., abulense de 42 años, estaba empleado en Seguridad Ciudadana. Ambos convivían juntos. Pero la relación se rompió a finales de ese año.

En una revisión ordinaria de los efectos intervenidos en el depósito comenzaron los problemas para la pareja. El Rolex recogido en un local de la calle Ramón y Cajal de Marbella no estaba. Había desaparecido. Y a esa sala solo dos agentes del departamento tenían llaves para acceder; una de ellas la acusada.

La Fiscalía y la Policía Judicial construyeron un relato indiciario y llevaron la causa a juicio. El juzgado de instrucción de Marbella procesó a los dos agentes por un delito de malversación de caudales públicos. Y el tribunal del jurado les declaró culpables. La sentencia: un año de prisión, otro de inhabilitación para empleo o cargo público y 300 euros de multa. Un castigo que les abocaba a colgar el uniforme.

En el relato de hechos se consideró probado que la agente A. A. R. se apropió del Rolex del depósito policial para regalárselo a su pareja. Dos testimonio reforzaron el relato incriminatorio. Un joyero marbellí al que visitó la acusada para pedir otra copia para su padre y un amigo de la pareja al que ambos mencionaron la posesión del reloj.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga fue confirmada por el Tribunal Superior de Andalucía de forma parcial, ya que resultó absuelto S. T. A. por falta de pruebas. La última esperanza para ella era el Tribunal Supremo. Ser ese escaso 10% de condenas procedentes de un jurado popular que acaban siendo revocadas por la Sala Segunda (de lo Penal).

Efectivamente, el recurso de casación de la agente fue admitido por la Sala en una sentencia del pasado 19 de enero, a la que ha tenido acceso este periódico. La resolución, con ponencia de la magistrada Carmen Lamela, estima la vulneracion de la presunción de inocencia de la acusada. Es decir, que no existe la base probatoria que dos tribunales y varios magistrados de instancia sí confirmaron.

La baza de la defensa, ejercida por el abogado Antonio Suárez-Valdés, fue precisamente señalar la falta de garantías de una declaración policial: la del joyero al que le pidieron una copia del reloj supuestamente sustraído. Este testimonio era el hilo conductor del caso ante la ausencia de «pruebas directas» de la apropiación.

«El hecho de que la acusada llevara un reloj a reparar de las características citadas no explica por sí mismo que se tratara» del cronógrafo hurtado en el depósito. «Todos ellos son hechos cuestionados por las partes sin que se explique siquiera someramente las pruebas que los sustentan», zanja ahora la sentencia del Supremo. El calvario personal y profesional de la agente por un falso Rolex de 20 euros ha llegado a su fin.