Los supervivientes de la narcolancha de Barbate: «Hubo improvisación, falta de medios y de órdenes claras»

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración de las víctimas, que siguen de baja laboral debido a las secuelas del ataque de la potente embarcación de 14 metros cuando viajaban en una pequeña zódiac, cuyo autor o autores siguen en libertad, sus testimonios sobre la configuración del servicio aquella noche de invierno confirmarían que «estuvo plagado de errores».

Los tres integrantes de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el capitán del Servicio Marítimo de Cádiz que les acompañaba declararon a la jueza «con extrema crudeza» la precaria situación a la que se enfrentaron a las cinco narcolanchas presentes aquel día en el Puerto de Barbate, esperando a que amainara el temporal, y cuyos mandos «no atendieron» a la obligación de garantizar los medios y la integridad de los guardias civiles intervinientes.

En este sentido, la instructora acordó admitir como prueba las conversaciones telefónicas mantenidas a lo largo del 9 de febrero entre el sargento del GEAS Julio Serrano, la máxima autoridad que viajaba a bordo de la lancha de la Benemérita esa noche, y el coronel de la Comandancia de Cádiz, Luis Martín Velasco. Esas llamadas serán transcritas por un perito, de manera que las conversaciones se aporten como prueba preconstituida en el procedimiento abierto para dirimir las circunstancias laborales del caso.

En este contexto, se sabe que el coronel Velasco le dijo en una de las llamadas al sargento Serrano: «Julio, tú sabes quién está aquí», en alusión al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, que ese día visitaba Algeciras para presentar el IV Plan Especial de Seguridad en el Campo de Gibraltar y había ofrecido una rueda de prensa en la que calificaba como «un éxito» este plan que desde su puesta en marcha en 2018 había permitido la intervención de 1.700 toneladas de droga y más de 97 millones de euros en metálico procedentes del narcotráfico.

Precisamente, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que ejerce la acusación popular en la causa que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de la localidad gaditana, trata de aclarar las presuntas responsabilidades penales por la vulneración de los derechos de los trabajadores, después de que el juzgado haya desestimado la petición de archivo pedido por la Fiscalía.

En su denuncia inicial, la AUGC pidió investigar la presunta comisión de un delito previsto en el artículo 316 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que «los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.»

El abogado de la AUGC, Mariano Casado, manifestó que de los testimonios recogidos en el juzgado se deduce que «de alguna forma» esa coincidencia sobre la presencia en Algeciras del ministro Grande-Marlaska «contribuyó» a que «se activase todo porque tenían que desaparecer esas narcolanchas de Barbate», pues «no casaba lo que estaba pasando allí el 9 de febrero con lo que se había dicho por la mañana en rueda de prensa».

Los testimonios de los agentes dejaron también claro, según el abogado, que el coronel de la Comandancia de Cádiz al mando del operativo no cumplió «con pulcritud» con su «mandato imperativo» de «velar por la vida de las personas» que tenía bajo sus órdenes. Por ello, Mariano Casado insistió en que se hace ahora «absolutamente ineludible» que tanto él como el general de la zona sean llamados a declarar «porque tienen que dar muchas explicaciones».