Ley de amnistía
La aprobación del nuevo dictamen de la ley de amnistía ha supuesto para Sumar un «alivio» que permitirá, como explicó este jueves su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, «desbloquear el camino para desarrollar el programa social del Gobierno durante la legislatura». El partido ... que dirige Yolanda Díaz, y que está a las puertas de su congreso fundacional –se celebrará el 23 de marzo–, llegó a reconocer «cansancio» entre su electorado potencial por lo dilatado de la tramitación de la medida de gracia, que ha dejado en segundo plano propuestas estrella de su programa como la reducción de la jornada laboral, aunque sin achacar nunca en público esta cuestión a su mal resultado en las elecciones gallegas del 18 de febrero.
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Tampoco ocultan su papel secundario en la recta final de la negociación, en la que su marca ni siquiera aparecía en el acuerdo que el martes alcanzaron PSOE, ERC y Junts.«Ya dimos la cara cuando tocaba», reconocen en el grupo parlamentario. La propia vicepresidenta segunda ha mantenido las últimas semanas un perfil bajo y este jueves ni siquiera hizo mención a la cuestión en sus redes sociales.
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No siempre fue así. Díaz identificó en la noche del 23 de julio del año pasado, tras las generales, que la amnistía iba a ser la llave de un nuevo Gobierno de coalición. Al día siguiente nombró al exdiputado de los comunes Jaume Asens como negociador con Junts y con ERC. También lanzó su propia propuesta de amnistía y fue el primer miembro de un Consejo de Ministros en reunirse públicamente con Carles Puigdemont desde el 'procés', cuando lo visitó en Bruselas a principios de septiembre. Movimientos destinados entonces a abanderar las negociaciones.
Desmovilización
Pero la cuestión ya pesaba como una losa entre las organizaciones que conforman Sumar, desde donde pedían pasar página. Durante el verano, y cuando aún formaban parte del grupo parlamentario magenta, Podemos advirtió a Díaz que esta legislatura«no debía ser recordada como la de la amnistía», una etiqueta que, en su opinión, contribuiría a desmovilizar al electorado, como entienden que sucedió en Galicia.
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