Suiza rechaza la investigación por terrorismo de Tsunami y sugiere que es una causa política

En respuesta a la comisión rogatoria remitida por el Juzgado Central de Instrucción número seis, las autoridades judiciales suizas no solo ponen en duda la investigación del juez español, sino que le solicitan información sobre cómo puede afectar la ley de amnistía que se tramita en el Congreso de los Diputados «para varios separatistas catalanes» que están siendo investigados en el 'caso Tsunami'.

Además, la Oficina Federal añade que sería conveniente que les explicaran las posibles consecuencias de esta ley sobre los procedimientos iniciados contra los miembros de Tsunami Democràtic y en concreto sobre Marta Rovira, «cuya pertenencia a dicha plataforma no está clara», detallan en el escrito remitido a García Castellón, adelantado este martes por 'El País'.

De esta forma, Suiza suspende el auxilio solicitado por el magistrado hasta que España y en concreto la Audiencia Nacional responda a sus preguntas porque entienden, tras «examinar con la máxima atención» la comisión rogatoria, que el contenido es muy similar a la de 3 de diciembre de 2019 que ya dio lugar a una denegación de asistencia judicial.

En concreto, explica que antes de decidir si la comisión rogatoria tiene un carácter político que impediría conceder la asistencia en virtud de la legislación suiza sobre asistencia mutua en materia penal, necesitan saber para qué quiere García Castellón conocer el paradero de Rovira y por qué lo hace por este conducto cuando esta medida puede llevarse a cabo mediante el procedimiento simplificado de cooperación policial.

Sobre la petición de información bancaria de la investigada por terrorismo, se preguntan por qué el magistrado quiere tener movimientos hasta junio de 2020 si los eventos organizados por Tsunami en los aeropuertos de El Prat de Barcelona y en Barajas (Madrid) y que, «supuestamente debían haber recibido apoyo financiero a través de la citada cuenta» de Rovira, tuvieron lugar el 14 de octubre de 2019, cuatro días después de que el Tribunal Supremo dictase la sentencia sobre el 'procés' secesionista en Cataluña, con penas de prisión de nueve a trece años de cárcel para nueve de los acusados.

Las autoridades helvéticas quiere conocer, además, la relación exacta entre Rovira y las manifestaciones en los dos aeropuertos que se citan en la comisión rogatoria de García Castellón. Explican que es importante conocer la implicación precisa de la dirigente de ERC en esos hechos «y más concretamente en las acciones emprendidas contra los funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto».

Ya en 2020, las autoridades judiciales de Ginebra se negaron a prestar asistencia jurídica a España en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional sobre 'Tsunami Democràtic' al entender que el procedimiento tiene «un carácter político preponderante».

Del mismo modo, se indicó que el convenio europeo por el que se rigen las relaciones entre ambos países dispone que la asistencia jurídica podrá denegarse «si la solicitud se refiere a infracciones consideradas por la parte requerida como infracciones políticas o como infracciones relacionadas con infracciones políticas».