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Constituye, sin duda, un trago de aceite de ricino, pero no es la primera vez que alguien que ha ejercido o ejerce la segunda autoridad institucional del país ha tenido que desfilar ante jueces y tribunales para testificar en causas de relevancia penal. Lo que ... no había ocurrido en España nunca antes–otra muesca de singularidad en la carrera cuajada de ellas de Pedro Sánchez– es que un magistrado haya citado a declarar a un presidente del Gobierno por algo tan personal y tan, al tiempo, políticamente relevante como los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por los que se investiga a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, desde que la pareja entró en la Moncloa en junio de 2008.
La densa sombra de las eventuales corruptelas vinculadas al poder también anidan, aunque las causas fueran de muy distinto tenor, en las cuatro testificales que figuran como antecedentes de la citación de Sánchez: una de Adolfo Suárez, dos de Felipe González –ambos ya fuera de la Moncloa– y la última, de Mariano Rajoy, este sí todavía en la Presidencia.
La historia, a veces, es circular. El 8 de junio de 1995, cuando ya apenas quedaba rastro del líder que enhebró la Transición con su carisma, Adolfo Suárez se sentó en la Audiencia Nacional para prestar declaración en el 'caso Banesto' ante el juez Manuel García Castellón, el mismo que se dispone a jubilarse ahora tras haber pugnado en el tramo final de su dilatada trayectoria por evitar la amnistía de Carles Puigdemont. Aquel día, el instructor interrogó al expresidente por los 300 millones de pesetas que Mario Conde había asegurado que le había proporcionado para financiar el Centro Democrático y Social, el partido en el que Suárez reconvirtió la UCD.
Lo de Conde fue un bulo en sede judicial, vino a rebatir el testigo. La causa no tuvo consecuencias para él pero sí para el otrora banquero estrella, que acabó condenado a 20 años de cárcel por fraude contable.
Felipe González, erigido hoy en voz crítica contra el 'sanchismo', compareció como testigo ante la justicia en dos ocasiones, ambas ante el Tribunal Supremo. Una, en 1997, cuando el PP lo había desbancado ya del poder, para ofrecer explicaciones junto a Alfonso Guerra por la financiación irregular imputada al PSOE que dirigieron a dúo por el 'caso Filesa'. «Yo tengo la conciencia tranquila», diría entonces el expresidente, mientras Guerra atribuía todo a un complot de «dos José María», Aznar y Ruiz-Mateos.
La segunda citación de González tuvo lugar ante la Sala de lo Penal el 23 de junio de 1998 por la acción inaugural de la guerra sucia de los GAL, el secuestro en 1983 en Hendaya de Segundo Marey. Los mercenarios pagados con fondos reservados lo confundieron con un etarra. El alto tribunal condenó al exministro Barrionuevo y su cúpula en Interior.
OOtra casualidad de la historia. Hace casi siete años –el 26 de julio de 2017–, Mariano Rajoy se sometió al interrogatorio de los jueces que instruían el sumario nuclear de la 'trama Gürtel' en la Audiencia Nacional. Fue una declaración retransmitida en la que todo el que quiso pudo ver al aún presidente negar que recibiera sobresueldos o donativos opacos mientras decía, también, no estar al corriente de las finanzas del PP que lideraba. Once meses después, era desalojado de la Moncloa por la moción de censura triunfante de Sánchez, catapultada por la sentencia condenatoria de aquel macrocaso de corrupción. El hoy presidente pidió entonces a Rajoy que dimitiera.
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