Las sospechas de los ERE salpican a todas las consejerías de la Junta andaluza

La petición es cuanto menos llamativa, por cuanto en estos momentos la Audiencia Provincial de Sevilla juzga a 22 exaltos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, para determinar precisamente si ese sistema de pago de ayudas sociolaborales a través de Idea mediante los fondos que le llegaban por transferencias de financiación es ilegal o no. El juicio quedará visto para sentencia en noviembre, y al menos seis meses después llegará el fallo. Un calendario que podría por tanto condicionar el recorrido de esta nueva investigación judicial.

No obstante, todo apunta a que el caso, adelantado por el diario ABC, dará munición a la oposición contra el PSOE y Susana Díaz durante la campaña. En el PP elevan ya su gravedad respecto al caso de los ERE, ya que según sus cálculos solo hasta 2011 las transferencias de financiación hasta 2011 ascendían a 4.315 millones de euros. «La corrupción de cuarenta años de socialismo andaluz es endémica», zanjaron los populares.

La decisión judicial, en forma de providencia, parte de la premisa de que todas las consejerías del Gobierno andaluz usaron las transferencias de financiación para gastos diferentes de los habituales aprovechando la falta de fiscalización previa. Estas transferencias son una herramienta usada habitualmente por las administraciones para financiar las actividades de las empresas públicas y equilibrar su cuenta de pérdidas o ganancias, pero en teoría no para subvenciones o ayudas.

En el caso andaluz, el destinatario de las transferencias era el Instituto de Fomento Andaluz (IFA) y después la Agencia IDEA, que ejercía de caja pagadora de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que ordenaba la Dirección General de Trabajo. Para la jueza, si Empleo usó este sistema de forma irregular para pagar los ERE, el resto de consejerías habrían incurrido también en una irregularidad.

De momento, la jueza de instrucción 10, juzgado que investiga el caso tras la recusación del PP contra María Núñez Bolaños, reclama a la Consejería de Economía y Hacienda que emita una «certificación de todas las transferencias de financiación de explotación o de capital y finalistas acordadas y realizadas por las distintas consejerías de la Junta» al IFA/IDEA entre 2000 y 2011, ambos incluidos. Una documentación desglosada por departamentos, anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias «con indicación del centro directivo al que corresponden». Además, debe incluir el calendario de pagos acordado en cada caso y los justificantes de las transferencias realizadas.

Asimismo, reclama a la Agencia IDEA que en un mes le remita un resumen de los gastos realizados con esos fondos provenientes de las distintas consejerías, y de los programas presupuestarios, así como de los acuerdos del Consejo de Gobierno que los ratificaba.

El caso se inició en octubre de 2016, a partir de las pesquisas del caso ERE y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y una denuncia del PP apuntando a un supuesto delito masivo en la financiación de la Agencia IDEA. El Gobierno andaluz salió entonces «en tromba» a acusar al PP de «manipulación», reprochó hoy la secretaria general de los populares andaluces, Dolores López. Los populares ya hablaron en esos momentos de un «descomunal fondo de reptiles» en dicho ente público, insistiendo en que el dinero llegaba a IDEA para eludir los controles pero que no podía destinarse al pago de subvenciones.