Solo 4 de los 62 presos de ETA en tercer grado están arrepentidos, asegura Covite

El análisis de Covite es exhaustivo. Detalla si cada uno de esos presos ha protagonizado manifestaciones convocadas por Sare, Sortu o Etxerat y si su foto es reivindicada en los actos. «La izquierda abertzale y todas sus organizaciones satélite tienen como objetivo que los presos de ETA no cumplan con el requisito del arrepentimiento que establece la ley. Es público y notorio, desde hace muchos años, que ponen dos condiciones a los reclusos para que puedan seguir en su órbita de influencia, con los beneficios que ello les conlleva, como psicólogos, abogados y pagas», explica.

Según detalla Consuelo Ordóñez en una carta que ha enviado a los socios de Covite, «esas dos condiciones son la prohibición del arrepentimiento y la 'delación', que es la forma en que se refieren a la colaboración con la justicia». Esas premisas siguen muy presentes, a juicio de Ordóñez, quien recuerda que «Joseba Azkarraga insistió en ellas en la última manifestación de enero». «Los líderes de la izquierda abertzale les prohíben expresamente arrepentirse», zanja.

Ordóñez relata en su misiva que se ha reunido recientemente con «la cúpula de la Consejería de Justicia del Gobierno vasco y con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional» y advierte a sus socios de que «salí muy decepcionada de ambas reuniones» porque, actualmente, «mantienen el mismo discurso, como si se hubieran coordinado».

Tras un tiempo en que la Fiscalía y el Ejecutivo de Urkullu tenían posturas más alejadas respecto a los terceros grados, «ambas instituciones defienden que es suficiente para acreditar el arrepentimiento que los presos escriban una carta donde reconocen el daño causado». En esas misivas, desveladas por EL CORREO en exclusiva hace un mes, seis internos detallaban vivencias personales y algunos de ellos, la mitad, pedía perdón de forma expresa.

La idea en la que insiste Covite es que «como el terrorismo ha provocado un daño no sólo personal a sus víctimas sino también un daño social y político, hay una dimensión pública de los crímenes». Y por eso reclaman que los gestos también deben ser públicos. «Lo que está pasando es lo contrario de lo que sucedió con la 'vía Nanclares'. Ahí quienes daban el paso se la jugaban y, en un momento en que estaba ETA activa. Y ahora nos quieren hacer creer que vale un gesto personal de los presos, sin que se entere nadie, y que no se les puede pedir nada más», critica la hermana de Gregorio Ordóñez.

A juicio de la presidenta de Covite, «hay una voluntad manifiesta de otorgar terceros grados a los presos de ETA lo antes posible, sin cumplir con los requisitos que establece la ley y sin que tenga como objetivo su verdadera reinserción y desvinculación de ETA».