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Los socios parlamentarios del Gobierno han urgido a Pedro Sánchez a desempolvar su promesa electoral de revisar la inviolabilidad del Rey tras el carpetazo de la Fiscalía del Tribunal Supremo al caso de Juan Carlos I. Desde Unidas Podemos al PNV pasando por Eh Bildu, ... Más País, la CUP y Compromís ven excesivo que el blindaje legal del jefe del Estado incluya sus actividades particulares, como ha esgrimido el Ministerio Público para archivar algunos de los delitos atribuidos al emérito. «No tiene sentido confiar en la ejemplaridad de la persona», ha aseverado el portavoz de Más País, Iñigo Errejón.
El PSOE ha expresado en varias ocasiones su opinión de que la interpretación de la inviolabilidad penal de los actos del Rey es excesivamente amplia sin que hayan pasado de las pruebas a los hechos. Los socialistas apelan a la crisis en Ucrania para no abordar la reforma legal en estos momentos. «El presidente está muy centrado en dar respuesta a las consecuencias de la invasión de Rusia», ha dicho su portavoz en el Congreso, Héctor Gómez.
Los morados han defendido la necesidad de reformar la figura de la inviolabilidad constitucional de la que goza el jefe del Estado, con vistas a terminar con la «impunidad». «Uno no comete delitos en tanto símbolo sino como persona individual», ha señalado la portavoz adjunta del grupo confederal, Sofía Castañón. «Cuando alguien es un símbolo puedo entender esa inviolabilidad, pero cuando los cargos tienen que ver con la propia persona, sí deberíamos darle una vuelta a esto por una cuestión de democracia», ha presionado.
Especialmente duro ha estado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha considerado que la interpretación jurídica que tiene la inviolabilidad en España no es «propia» de una democracia sino una «anomalía absoluta». «Parece mentira que esto haya que precisarlo en la Constitución, pero si hay que hacerlo, que se haga cuanto antes», ha reclamado. Además, el diputado vasco ha acusado tanto a PP como al PSOE de tapar la conductas poco ejemplares de don Juan Carlos asegurando que sabían lo que estaba haciendo, y ha aventurado que se conocerán posibles irregularidades en el futuro. «Acabarán saliendo», ha avisado.
Para Más País es «preocupante» que en todo este tiempo desde que trascendieron las primeras informaciones sobre sus oscuros negocios «no se haya hecho ninguna modificación legal para evitar que algo así pueda volver a suceder». «Si Juan Carlos I delinquió lo hizo porque la figura de la inviolabilidad le protegía», ha insistido Errejón.
En la misma línea, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, también ha considerado que «sería el momento adecuado de que se regule de una vez por todas la inviolabilidad» del monarca para «que no afecte a hechos como los que se le han imputado». «Es una oportunidad de oro para que nos pusiéramos de acuerdo para que afectara solo a los actos que tengan que ver con sus actos», ha remachado.
El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha considerado, por su parte, que el rey emérito «ha demostrado ser el último de los españoles en cuanto al pago a Hacienda» y que «llama la atención que traslade su decisión de vivir a Abu Dabi» porque, a su juicio, «si fijara su residencia en el Estado español podría ser requerido» por la justicia. «Preferimos no ya que el rey emérito no vaya a la Zarzuela, sino que los que están la desaloje», ha afirmado.
La portavoz parlamentaria de la CUP, Mireia Vehí, ha anunciado que registrarán una propuesta para que el Congreso cite a Juan Carlos I y al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tras el archivo de las diligencias relativas a la fortuna del primero. «No vamos a lastrar la estabilidad del sistema», ha zanjado Gómez.
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