Los socios de Sánchez anticipan un 'sí' crítico a su plan de choque

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, que en la víspera había exteriorizado su enfado ante las formas y los nulos esfuerzos de negociación del Ejecutivo, fue especialmente gráfico. «Todos tendremos nuestros matices, pero un 'no' rotundo – admitió en una entrevista en la Ser– es muy difícil de argumentar».

El texto aprobado por el Gobierno recoge medidas, como la bonificación de 20 euros por litro de carburante, que todos los ciudadanos notarán de manera directa e inmediata en su bolsillo, mantiene las reducciones de los impuestos a la electricidad ya en vigor desde el pasado verano y, en general, moviliza recursos por valor de 16.000 millones de euros entre ayudas directas y créditos ICO.

Un real decreto ley no puede ser modificado en el pleno de convalidación. O el Congreso lo rechaza y, por lo tanto, todas esas medidas decaen al instante o lo avala. Y eso limita las opciones de los grupos parlamentarios.

A pesar de que no ha habido negociación como tal para la elaboración del texto legislativo el Ejecutivo sí pidió a lo largo de las últimas semanas a los partidos que les hicieran llegar sus propuestas y finalmente ha incluido, aunque no sea en su integridad, muchas de las demandas de Unidas Podemos que eran coincidentes con las de otras fuerzas del bloque de la investidura como Más País, ERC o EH- Bildu. Ninguna de ellas querría ahora que dejen de aplicarse.

En ese paquete promovido por el socio minoritario del Ejecutivo estarían la ampliación del bono social eléctrico a 600.000 familias más (hasta alcanzar los 1,9 millones), un aumento del 15% en el Ingreso Mínimo Vital, el límite del 2% a las alzas en los alquileres y la prohibición de despido objetivo en empresas que hayan recibido ayudas públicas.

Los aliados habituales del Gobierno, con todo, tienen quejas. Y muchos de ellos ya adelantaron que pedirán la tramitación del decreto como proyecto de ley para poder ampliarlo. Los socialistas –que a lo largo de la legislatura han enervado al resto de partidos dejando dormir en un cajón otras tramitaciones– aducen que tiene poco sentido seguir un procedimiento legislativo ordinario porque la situación provocada por la guerra en Ucrania es de tal envergadura y genera tal incertidumbre que quizá para cuando puedan debatirse enmiendas haya que aprobar ya nuevos decretos leyes. Pero no se cierran en banda.

Uno de los reproches más extendidos al Gobierno es la corta vigencia de las medidas extraordinarias, del 1 de abril al 30 de junio. Otro, generalizado sobre todo entre las fuerzas progresistas, es que no se contemplen impuestos a las compañías eléctricas y a las grandes fortunas para financiar el incremento del gasto público. En el Gobierno replican que todo lo aprobado es susceptible de ser prorrogado si la situación lo requiriera, que se va a ampliar el recorte temporal a las centrales no emisoras de gas por sus 'beneficios caídos del cielo' -medida aprobada por el Gobierno el pasado octubre y posteriormente suavizada– y que el Estado dispone de un «colchón» porque el déficit de 2021 fue menor de lo previsto.

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, respondió además a las críticas por la unilateralidad con la que actúa Pedro Sánchez – «llanero solitario», lo llamó Esteban– y alegó que se han tenido en cuenta diez páginas de propuestas presentadas por los partidos, los agentes sociales y las comunidades autónomas. También desdeñó los recelos del PP, que dice sentirse engañado porque no se ha cumplido el compromiso, adquirido en la Conferencia de Presidentes de La Palma, de reducir impuestos. El texto aprobado en aquella cumbre, sin embargo, era suficientemente ambiguo como para que el Ejecutivo pueda esgrimir que no lo ha vulnerado. «Este es un Gobierno que responde tratando de adoptar las medias que pueden ser más eficaces; sean los impuestos o las ayudas directas –adujo– para llegar al conjunto de la sociedad y los sectores más vulnerables».