Societat Civil Catalana destituye a su presidente por dudas sobre su gestión

Dicha información apuntaría a un «conflicto de intereses» de Rosiñol, en relación a una supuesta facturación de 584.000 euros en 2017 y 620.000 euros en 2018 de la empresa Manifiesto, en la que trabaja el hasta ahora presidente de SCC, gastos que representarían más de la mitad de los totales de la entidad constitucionalista. También la detección de una transferencia de 21.000 euros al mes a esa misma empresa sin que se informara a la junta y sin «retorno conocido» al organismo.

En un comunicado, Societat Civil Catalana confirmó que su junta directiva celebrada procedió a «reestructurar» sus cargos de manera provisional, a la espera de la próxima asamblea de socios. Se justificó la decisión «por desacuerdos en los procesos de toma de decisiones, completamente ajenos a criterios ideológicos». La entidad constitucionalista dejó claro que «continuará desarrollando con normalidad su actividad en defensa de los valores que siempre ha promovido».

Societat Civil Catalana nació en abril de 2014 para contrarrestar el mensaje secesionista con el apoyo de dirigentes de PSC, Ciudadanos y PP. Su mayor éxito fue la manifestación convocada en Barcelona el 8 de octubre de 2017, siete días después del 1-0 y en medio de la tormenta política que acabó con la declaración unilateral de independencia y la aplicación del artículo 155 de la Constitución. A esa movilización por la unidad de España acudieron más de un millón de personas, según los cálculos de los organizadores. El 29 del mismo mes protagonizó otra gran manifestación multitudinaria.