Un sindicato de la Guardia Civil exige ejecutar la sentencia del español

La polémica sobre el español en la escuela vuelve a situarse en el ámbito judicial, tras los últimos movimientos tanto de la Generalitat como de las entidades que defienden el bilingüismo. El Govern impulsó esta semana una respuesta in extremis a la justicia para tratar de sortear la sentencia. El día antes de que expirara el plazo de dos meses para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia sobre el 25% de clases en español, PSC, ERC, Junts y los comunes registraron una proposición de reforma de la ley de política lingüística de 1998, con la que aseguran que dan cumplimiento al fallo judicial, pues por primera vez reconocen el castellano como lengua docente en la escuela, aunque no fijan ningún porcentaje como exige la sentencia.

Está por ver qué establece la justicia en relación y si con la propuesta de modificación legal y un decreto aprobado por la Generalitat el TSJC da por cumplida la sentencia. Escuela de Todos ya avisó días atrás que a pesar de la iniciativa legal de la Generalitat, junto con los partidos catalanistas, instará a la ejecución forzosa de la sentencia, pues señaló que dos meses después del plazo otorgado por la justicia, la presencia del español en las escuelas sigue limitándose a la asignatura de lengua castellana. «La proposición de ley no elimina la necesidad de que se ejecute la sentencia», señaló, pues a su juicio solo da satisfacción a la misma si una cuarta parte de la docencia se imparte en castellano.

El cambio normativo establece que será cada centro el que determinará si se aumenta o no el castellano como lengua vehicular. «Ninguna modificación legislativa puede sustituir el cumplimento efectivo de la sentencia», remataron desde las entidades que abogan por acabar con el modelo de inmersión, que se basa en impartir todas las asignaturas en catalán. La demanda colectiva de Escuela de Todos agrupa a 1.500 familias. La de Convivencia Cívica Catalana, Hablamos Español y el sindicato de la Guardia Civil se basará «en el derecho a la conciliación familiar» de los agentes de policía. El argumento que esta entidad pone sobre la mesa es que en la situación actual, «se dificulta« que los policías de cuerpos estatales destinados en Cataluña puedan trasladar a sus familias a Cataluña, »por no tener a su disposición centros educativos donde poder educarlos conforme a la legislación vigente, algo que atenta claramente contra su derecho a la conciliación familiar».

Según el sindicato policial, en agosto de 2021, el Ministerio del Interior reconoció que había un problema con la conciliación familiar de Policías Nacionales y Guardias Civiles en Cataluña como consecuencia del «problema lingüístico». Esta organización señala que han transcurrido los plazos previstos para la ejecución voluntaria de la sentencia por parte de la Generalitat y es «notorio y evidente que la administración no ha cumplido, ni tiene intención de cumplirla». De ahí su intención de presentar una petición ante el TSJC e insta a la justicia a que requiera «personal e individualmente» a todos los directores de centros educativos de Cataluña a cumplir la sentencia en sus «estrictos términos a partir del siguiente trimestre, con todos los apercibimientos correspondientes, indicando que informen al tribunal en el plazo de diez días de qué medidas concretas han adoptado».