Condena al PP por lucrarse con Gürtel, 33 años de prisión a Bárcenas y 51 a Correa

La sentencia sobre la primera época de Gürtel (1999-2005), que impone una multa de 44 millones de euros a Bárcenas, condena a 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados en el juicio. El fallo impone también a Pablo Crespo una pena de 37 años y medio de cárcel, pero absuelve a otro de los supuestos cabecillas de Gürtel, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

La multa al PP por lucrarse de la trama al PP asciende a 245.000 euros. El fallo cree probado que el PP tuvo «un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado». Las irregularidades del Gürtel «produjeron beneficios económicos cuantificables al PP», zanja el tribunal.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido esta tarde a la Audiencia Nacional que convoque una vista para decidir sobre el ingreso en prisión de 16 de los 29 condenados por la primera época del caso Gürtel.

Las fiscales Concepción Nicolás y Concepción Sabadell piden la vista para, entre otros, Luis Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias, José Luis Izquierdo López, Guillermo Ortega Alonso, Jesús Sepúlveda Recio, Jesús Merino Delgado y Alberto López Viejo

Por su parte, Guillermo Ortega, ha sido condenado a 38 años de prisión y Alberto López Viejo, a 31 años, y Jesús Sepúlveda, a 14. Además del PP, la sentencia condena a Ana Mato y a Gema Matamoros como partícipes a título lucrativo de la trama.

La multa a Mato es de 27.857 euros. El fallo considera probado que se benefició de regalos (estola y encharpe), viajes y la organización de eventos familiares como cumpleaños y comuniones de sus hijos por parte de las empresas de Francisco Correa.

La resolución incluye un voto particular del magistrado Ángel Hurtado que propone la absolución del PP y de cuatro acusados.

Además de 'El Bigotes', a quien la Fiscalía pedía una pena de 5 años y 2 meses de cárcel, han sido absueltos Luis Valor San Román, exdirector del Ayuntamiento de Majadahonda; Jacobo Ortega Alonso, hermano de Guillermo Ortega; José Antonio Sáenz Jiménez, exconcejal de Pozuelo de Alarcón, y cuatro personas vinculadas a empresas de la trama: Carmen García Moreno, Antonio Martín Sánchez, Juan Ignacio Hernández Rodríguez e Inmaculada Mostaza.

El Bigotes está considerado el «hombre en Valencia» de Francisco Correa y responsable de Orange Market, filial valenciana de Special Events -empresa de eventos de Correa-, que obtuvo numerosos contratos públicos y actos electorales en la Comunidad Valenciana.

Correa –ya en prisión- ya tiene una sentencia firme de 13 años de prisión por la pieza separada de Gürtel sobre las irregularidades de la adjudicación de los stand de turismo de Valencia en Fitur. Y espera otra sentencia por la supuesta caja b del PP valenciano, en el que la Fiscalía pide para él otros siete años y tres meses de prisión.

El tribunal considera probado que Bárcenas evadió 11,5 millones de euros en impuestos entre 2000 y 2009 y que se embolsó 1,24 millones en comisiones amañar contratos para el grupode Correa.

El más que previsible encarcelamiento inmediato de Bárcenas y, sobre todo de su mujer, supone una espada de Damocles para el PP. El extesorero del partido ya avisó que podría tirar de la manta si su esposa acababa entre rejas, como así va a suceder con casi toda probabilidad.

En el juicio de la primera época de Gürtel, que acabó en noviembre del pasado año pasado tras 14 meses y 125 sesiones, juzgó el entramado societario utilizado por Correa para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con responsables del PP en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona. Según la Fiscalía Anticorrupción, con esta operativa se ocultaron al fisco más de 40 millones de euros.

La trama Gürtel ha marcado la agenda de los últimos 10 años y ha terminado con la carrera política de algunos pesos pesados del PP como el expresidente valenciano Francisco Camps o la exministra Ana Mato. Incluso la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre acabó dimitiendo por las diferentes tramas de corrupción surgidas desde entonces. Lo mismo ocurrió con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

El Tribunal considera acreditado que durante esos años entre el Grupo Correa y el Partido Popular se tejió en esos territorios una estructura de colaboración estable y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido político. Pero además, según la Sala, se creó «en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas».

La sentencia relata cómo las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas, con el apoyo de los cargos públicos condenados, gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación pública. Inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios a costa del erario público, «o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc. De las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares».

Otras cantidades detraídas, según los jueces, sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del Partido Popular o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada «Caja B» del partido, consistente «en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido, si bien estos últimos aspectos que se describen lo son únicamente para precisar el contexto en el que se imbrican los hechos objeto de este enjuiciamiento, pero quedando fuera de su ámbito de conocimiento».

Por los hechos juzgados en esta pieza, Francisco Correa percibió 8.400.000 euros por contratos públicos adjudicados a sus empresas durante el periodo 2000-2008. Estos contratos- indica la Sala- generaron un importante perjuicio a las entidades públicas, por cuanto el precio del servicio que les fue prestado «era mayor que el normal de mercado, por el superior margen de beneficio de las empresas de Correa y porque incluía como coste la comisión abonada para obtener las adjudicaciones». Además, Correa ingresó 2.850.000 euros en concepto de comisiones por intermediar en favor de empresas ajenas a su grupo.