La sentencia de los ERE se hará pública el próximo 19 de noviembre

La sentencia se extenderá por encima de los 1.700 folios y, según trascendió en días previos, es enormemente compleja por cuanto aborda cuestiones muy técnicas de procedimiento administrativo sobre las que apenas había jurisprudencia. En ella se fijará la responsabilidad penal de la cúpula de los antiguos Ejecutivos socialista en la puesta en marcha y mantenimiento durante una década de un procedimiento específico para conceder ayudas irregulares por valor de más de 800 millones de euros de forma opaca y discrecional.

La fórmula escogida para pagar esas ayudas sociolaborales y a empresas en crisis era la transferencia de financiación, un mecanismo usado habitualmente en las administraciones públicas para equilibrar las cuentas de las entidades públicas y que aquí, sin embargo, se usó de forma inadecuada, sostiene al Fiscalía, para pagar esas ayudas sin someterse a fiscalización alguna y sin publicidad, de forma que no eran conocidas más que por unos pocos cercanos al PSOE.

En su escrito final, Anticorrupción reprochó a los exaltos cargos de la Junta, desde los expresidentes regionales a los exconsejeros de las áreas de Empleo, Hacienda y Economía, que no pusieran fin a ese sistema pese a conocer los reparos que formuló la Intervención General de la Junta. Unos reparos que, no obstante, no alertaban de menoscabo de fondos públicos, según argumentaron en su defensa los dirigentes encausados. Además, recordaron que la partida que donde salían esas ayudas, la 31-L, que el exdirector general de Trabajo y máximo implicado en el caso, Javier Guerrero, llegó a definir en algún momento como «fondo de reptiles», era aprobada cada año por el Parlamento, tanto en su cuantía inicial como en las sucesivas modificaciones presupuestarias, por lo que rechazan la opacidad del sistema.

Tras la vista oral, la Fiscalía retiró las acusaciones contra un ex alto cargo pero las mantuvo para los 21 restantes. A todos les atribuye un delito de prevaricación continuada, con una pena de 10 años de inhabilitación, y a 15 de ellos, entre los que se encuentra el expresidente Griñán en calidad de exconsejero de Hacienda, les añade además un delito de malversación, por lo que les solicita penas de entre 6 y 8 años de cárcel. La sentencia permitirá conocer, por tanto, si como defendió Chaves desde que saltó el escándalo la corrupción era o no cosa «de cuatro golfos», en alusión a la responsabilidad de Guerrero, que llegó a dar subvenciones a familiares, conocidos e incluso a su chófer, que reconoció haber destinado el dinero a fiestas con alcohol y drogas y regalos para su superior.

Aunque la instrucción dejó claro que nunca hubo enriquecimiento ilícito de los ex altos cargos o financiación ilegal del PSOE, el PP usó el caso de corrupción de los ERE como arma arrojadiza en pleno apogeo del caso Gürtel. De hecho, y al igual que el PSOE reclamó la marcha del expresidente Mariano Rajoy por aquel caso, los dirigentes populares no han cesado de reclamar a Pedro Sánchez que dimita si finalmente Manuel Chaves o José Antonio Griñán son condenados. Ambos asumieron ya su responsabilidad política y abandonaron el partido tras ser imputados.