Una ex senadora de Podemos declara que los sobresueldos eran «vox pópuli»

Cánovas ha señalado, además, que la gerente del partido, Rocío Val, investigada en este procedimiento, no tenía competencias para aprobar los complementos salariales. «No hace falta ser abogado. Los estatutos dicen lo que dicen y no facultan a la gerente para aprobarlos, ya que deben estar incluidos en el correspondiente presupuestos y tienen que ser aprobados por el Consejo Ciudadano Estatal», ha añadido.

Precisamente, el cobro de sobresueldos al margen de los estatutos del partido es una de las líneas de investigación reabiertas por el magistrado Juan José Escalonilla, pese al rechazo de la Fiscalía, que no aprecia indicios delictivos. Tanto la gerente Rocío Val como el tesorero Daniel de Frutos están siendo investigados por presunta administración desleal.

Cánovas, cuya testifical estaba marcada en rojo debido al rechazo de la defensa de Podemos para que no se produjera, dada su reconocida «animadversión» cuando se fue del partido, denunció entre otros hechos que la formación «infló» una donación suya de 3.000 euros a la «caja de solidaridad» por la que después recibió un certificado en el que figuraba que su aportación había sido de 5.000. Aunque este jueves ha matizado que se pudo equivocar cuando mencionó esta variación, según afirmaron fuentes jurídicas.

Fue Vox, acusación popular en este caso, quien pidió su comparecencia y el juez la aceptó pese al rechazo de la Fiscalía y de Podemos, investigado en la causa como persona jurídica.

Como acusación particular en su condición de «perjudicada», Cánovas pidió al instructor que investigase también por administración desleal a la actual ministra de Derechos Sociales Ione Belarra, ya que avaló supuestamente el reparto de sobresueldos irregulares entre algunos de sus dirigentes. La ex senadora calificó entonces estos hechos de «extrema gravedad» y los achacó a «una corrupción de toda la cúpula del partido». Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por el juez, dada además la condición de aforada de Belarra.

«El partido se ha convertido en una propiedad privada de la Ejecutiva, que no respeta los estatutos y valida actos de disposición patrimonial de sus miembros porque son ellos mismos quienes los cometen», denunció la exsenadora. «Es evidente que toda la ejecutiva está participando de los actos ilícitos que se están investigando, porque son quienes dirigen el partido, que es el perjudicado», subrayó Cánovas, que fue senadora por Tarragona en la lista de En Comú Podem.