Los seis apartados por Grande-Marlaska

Dicho y hecho. El miércoles 15 de enero saltaba la noticia. El ministro cesaba a su número dos, la secretaria de Estado de Seguridad Ana Botella, la misma que había definido dos días antes como «pilar básico» del proyecto, y al director general de la Guardia Civil, el juez Félix Azón, con quien Grande-Marlaska compartía una estrecha relación desde su etapa como vocales del Consejo General del Poder Judicial. El actual ministro, a propuesta del PP; y Azón, del PSOE.

Con esta importante decisión, el titular de Interior mandaba dos mensajes en su departamento. Por un lado, la confianza dada por el presidente para seguir en Interior le otorgaba carta blanca para nominar a su propio equipo; sin contrapesos del partido socialista, como pudiera representar Ana Botella, con quien la relación se había deteriorado en los últimos meses. Del otro, transmitía que él quería estar rodeado de personas de su absoluta confianza, de cargos leales, caiga quien caiga por el camino si no cumplía con esta condición. «Prometo no bajar la cabeza ante nada ni nadie», concluyó, enigmático, Grande-Marlaska aquel lunes de invierno en el que recogía su cartera ministerial.

La relación, por lo tanto, con su número dos ya estaba resquebrajada y era irreconciliable. Grande-Marlaska transmitía que por muy buena gestión que hagas si incumples el principio de lealtad estás (políticamente) muerto. Y en este contexto se explica el cambio de Botella por Rafael Pérez, un desconocido juez con quien el ministro trabajó en el CGPJ y entabló una franca relación amistosa y laboral.

Del mismo modo, la abrupta salida de Félix Azón como director de la Guardia Civil no era esperada por el interesado, aunque la rumorología contaba que sus servicios no eran del agrado del ministro. En esta salida influyó la polémica por la cesión de las competencias de Tráfico a Navarra, arrancadas por el PNV al Gobierno. Azón se comprometió a que esto no se produciría, y sucedió, con las consiguientes críticas en la cúpula del cuerpo.

Igualmente, operaciones como la de los CDR catalanes en septiembre de 2019, de la que el ministro no fue informado -un episodio que recuerda al polémico informe de la Guardia Civil en la causa del 8-M-, o el cese del coronel Manuel Sánchez Corbí como jefe de la UCO, en agosto de 2018, causaron encontronazos entre el ministerio y la Benemérita. Unas tiranteces agravadas ahora con la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la comandancia a la que está adscrita la Policía Judicial que investiga la autorización del 8-M pese a las advertencias sanitarias.

A Sánchez Corbi lo cesaron por «pérdida de confianza» operativa, después de que publicara una comunicación interna en la que anunciaba que la unidad de investigación había suspendido sus actividades por falta de fondos. Un problema administrativo -causado en parte por la falta de presupuestos generales- que achacaron a la secretaria de Estado Ana Botella. Pero el coronel vallisoletano de 57 años no iba a tirar la toalla y recurrió sin éxito su destitución ante la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional mientras Interior le asignaba un nuevo cometido: responsable del Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil. Que Sánchez Corbí decidiera acudir a la vía judicial lanzaba un mensaje de resistencia a los mandos uniformados frente a Grande-Marlaska.

Este episodio fue la comidilla en la Benemérita y la antesala del siguiente capítulo: la destitución de Pérez de los Cobos por «pérdida de confianza», aunque la oposición al Gobierno ha cargado las tintas en las presuntas injerencias judiciales del ministro-magistrado. Los dos siguientes en caer, uno por voluntad propia y otro consensuado, fueron los números dos y tres de la Guardia Civil: los tenientes generales Laurentino Ceña y Fernando Santafé. Sus sustitutos son dos generales que el ministro conoce muy bien de su paso por el País Vasco, Andalucía y por los servicios de Información del cuerpo. Personas de su absoluta confianza, como la nueva directora del instituto armado María Gámez, exsubdelegada del Gobierno en Málaga.