Seguridad Nacional avisa de la creciente «agresividad» del espionaje ruso en España

El informe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), la oficina de Presidencia del Gobierno que desde 2012 asesora al jefe del Ejecutivo sobre cómo enfrentarse a los grandes desafíos mundiales, asegura que en el «contexto de creciente competitividad geoestratégica» está provocando que «la actividad de los servicios de inteligencia hostiles» se haya convertido en una «seria amenaza».

Seguridad Nacional recuerda que en abril de 2022 se llevó a cabo la expulsión de 27 diplomáticos rusos de territorio español, como parte de las medidas consensuadas con el resto de países de la UE a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, y que aquella medida, al menos a corto plazo, sí que tuvo un «efecto negativo sobre su capacidad de operar».

Sin embargo, la cumbre de la OTAN en junio del pasado año y la presidencia del Consejo de la UE que ostentará España en el segundo semestre de 2023 –explica el informe- han puesto de nuevo a España en el centro de la diana de los de «diversos servicios de inteligencia hostiles», con un «aumento de las actividades de oficiales de inteligencia».

El espionaje de esos estados hostiles -entre los que el CNI siempre ha colocado a Rusia, Marruecos, China, Venezuela o Cuba, aunque no los cita en este informe- al margen de las actividades relacionadas con el conflicto de Ucrania se sigue centrando «en el control de sus respectivas colonias para localizar a posibles opositores, así como en alinear las posturas de la comunidad internacional a favor de sus propios intereses».

Eso sí –sostiene el informe anual- estos «oficiales de inteligencia declarados» o «agentes itinerantes» que se están desplegando en España al calor de la guerra y del nuevo panorama geoestratégico están usando «coberturas menos tradicionales» a ámbitos como el «científico, el académico y el tecnológico» tanto público como privado.

El Departamento de Seguridad Nacional, como en ediciones anteriores, también pone el acento en las campañas no convencionales de los servicios secretos, o sea el ciberespionaje. Los técnicos que asesoran a Pedro Sánchez enfatizan que esos ataques «siguen teniendo como objetivo principal a las administraciones y organismos públicos de países occidentales, especialmente aquellas con acceso a información estratégica relacionada con la OTAN y la UE, de gran relevancia en el actual contexto geopolítico».

«En España, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Defensa se mantienen como objetivos prioritarios» de los ciberespías de esos países hostiles, que « han adaptado sus estrategias híbridas al nuevo escenario internacional creado como consecuencia de la invasión de Ucrania». Y es que, según el DSN, a las «herramientas híbridas tradicionales», como eran los «agentes de influencia, ONG, servicios de inteligencias u oligarcas» se están empleando «instrumentos mucho más dañinos», en particular la «dependencia energética de Europa de los suministros de gas y petróleo», con la finalidad de debilitar sus economías y, en última instancia, «romper los consensos europeos respecto a las sanciones y a la invasión de Ucrania».

De hecho, el informe de los analistas de Moncloa sitúa la «vulnerabilidad energética» como principal desafío actual a la seguridad nacional, por delante de otras históricas amenazas, muy presentes, otros años como la «vulnerabilidad del ciberespacio», la «inestabilidad económica y financiera» o las «campañas de desinformación».

La propaganda y los 'bulos' del espionaje de estados hostiles, que en años como 2017 con el procés figuraron en los puestos más altos de las amenazas, ahora no aparecen en la cúspide, pero siguen muy presente entre las preocupaciones del DSN con la guerra de Ucrania como telón de fondo. «Estos países han desarrollado sus aparatos de propaganda y desinformación, logrando perfeccionar la difusión de narrativas antioccidentales, para lo que cuentan con una red de propagación en medios de comunicación y redes sociales que persigue influir en la opinión pública española», denuncia el documento.