La segunda marcha verde

No es una casualidad ni una iniciativa aislada de los subsaharianos que se mueven desde hace tiempo por las fronteras con España. La avalancha sobre Ceuta es evidente que no fue casual ni improvisada. Las autoridades marroquíes oficialmente miraron para otra parte cuando millones de personas se lanzaban al agua. Es imposible no creer que más que tolerado fue bien promovido y organizado.

El problema que se ha creado es grave y habrá que esperar a que el Gobierno agote los recursos por vías jurídicas, bilaterales e internacionales para devolverlos al punto de partida como consta en los acuerdos entre los dos países. La Unión Europea, ante la que España siempre defendió mantener relaciones privilegiadas con Marruecos, tendrá mucho qué decir. Pedro Sánchez tiene por delante el desafió más preocupante de todo su mandato.

Lo sorprendente no es que Marruecos, un vecino muy difícil y poco fiable, haya recurrido una vez más a una treta de esta naturaleza. Lo más sorprendente es que a las autoridades españolas, empezando por el Gobierno, les haya cogido de improviso. Puestos a atribuir responsabilidades, casi nadie se libra. La tensión permanente entre ambos países, suavizada con acuerdos puntuales, se agravó con la desafortunada declaración a favor del Frente Polisario del entonces vicepresidente Pablo Iglesias.

Desde ese momento la débil entente se alteró de manera progresiva. La Cumbre anual entre los dos gobiernos tuvo que ser cancelada sin explicaciones convincentes y tantos meses después el Rey marroquí – dicen que molesto de partida porque Sánchez en sus viajes de presentación a los países limítrofes visitó antes a Macrón. Sutilezas aparte, por parte española caben dos críticas apresuradas.

La primera que los servicios de información españoles hayan fallado una vez más, a pesar de su experiencia cuando la Marcha Verde, y que a las fuerzas encargadas del orden las hayan cogido desprevenidas y sin capacidad para reaccionar. La primera obligación de un Estado soberano es defender sus fronteras y esa obligación suele fallar en Ceuta y Melilla, dos ciudades reconocidas por la Constitución como españolas.

Descartado el recurso a la fuerza contra los que pisan territorio español, sea reclamando asilo político o impulsados por el deseo de mejorar su nivel de vida, ante una amenaza como la que existe desde hace mucho en la frontera de Marruecos, debería estar prevista la defensa en todos sus detalles. Los acuerdos y desembolsos para que Marruecos ejerza de gendarme ya hemos visto que son solución para hoy y problemas para todos los días.