La secretaria de Aldama se desliga del pago de comisiones y declara que no controlaba su agenda

La declaración el pasado jueves del propio Aldama ante el juez instructor Ismael Moreno, confesando su participación en los hechos investigados tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, ha marcado también las citaciones de este martes. Tanto Serrano como Losada solo han contestado a las preguntas de sus defensas, tratando de protegerse del cuestionario de las acusaciones personadas en la causa.

Losada, quien fuera secretaria de Aldama, ha explicado que le conoció entre los años 2013 y 2014, que su relación fue estrictamente profesional y que sus funciones eran de administración y gestión. «Hacía lo que me pedían», ha explicado, según detallan las fuentes jurídicas consultadas. Además, ha afirmado que no controlaba las agendas de los socios de la empresa para la que trabajaba, que no tenía poderes ni acceso a las cuentas bancarias o tarjetas, que no recibió comisiones aparte de su nómina y que no tuvo conocimiento sobre los negocios en Portugal, donde su jefe habría reubicado su entramado mercantil tras saberse investigado.

Es más, Losada ha revelado que la sociedad Global Stratos, para la que trabajaba, no le paga desde enero pasado, un mes antes de estallar la operación, motivo por el cual ha presentado una demanda laboral por incumplimiento de contrato.

En la misma estrategia de defensa, Javier Serrano ha declarado a preguntas de su abogado que no tuvo nada que ver con esos contratos para la compra de mascarillas y que ni dio dinero ni recibió dinero de Aldama. En este sentido, ha apuntado además que nunca se le entregó dinero en efectivo para que él luego lo repartiera a terceras personas.

Sin embargo, para la Fiscalía los investigados que han comparecido el lunes (Luis Alberto Escolano y César Moreno) y este martes podrían haber participado en un delito de blanqueo de capitales y estarían todas ellos «especialmente vinculados con Víctor de Aldama». Además, a los cinco se les podría atribuir el delito de integración en organización criminal e, incluso, «por su participación en los pagos realizados a otros investigados que desempeñaban funciones públicas, bien de forma directa o por medio de terceros, también se les tenía que imputar un delito de cohecho».

En un atestado del pasado febrero, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostenía que Aldama y otros tres investigados que se hacían llamar en un chat de mensajería de móvil como los «4 mosqueteros» habrían abonado 10.000 euros en efectivo a Koldo García, el asesor principal del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, investigado por estos hechos pero en el Tribunal Supremo dada su condición de aforado.

Del mismo modo, habrían ayudado al principal investigado a llevar a cabo «una despatrimonialización» de sus fondos en España cuando supo por un soplo policial que le estaban investigando

Estas declaraciones han tenido lugar después de que el pasado jueves Aldama declarara de forma voluntaria como imputado ante el juez. En esa comparecencia, que se extendió durante dos horas, el presunto conseguidor indicó que habría pagado comisiones tanto al exministro Ábalos como a Koldo García, y puso el foco en otros ministros y altos cargos del PSOE.

Cabe recordar que el último informe de la UCO que trascendió en esta causa fue determinante para que el alto tribunal acordara abrir una causa contra Ábalos por su «papel principal» en esta trama, que habría buscado lucrarse ilícitamente a raíz de la obtención de contratos públicos para suministrar mascarillas en plena pandemia, en marzo y abril de 2020.