El secesionismo exige un concierto económico tras lograr la amnistía

El Govern, que cuenta con un apoyo unánime de mundo económico y empresarial catalán, presentará en las próximas semanas una propuesta formal de financiación singular para Cataluña. Ese será el planteamiento que Aragonès llevará a la mesa de diálogo con el Gobierno, que debería reunirse antes de Semana Santa, según la administración catalana. El Gobierno catalán cifra el déficit fiscal entre Cataluña y el resto de España en 22.000 millones anuales, cerca del 10% del PIB catalán. El Gobierno central, tanto del PSOE como del PP, siempre ha negado esta cifra. ERC y Junts exigirán además que el Estado cumpla los compromisos de ejecución de inversiones. En la parte catalana, denuncian que en Madrid siempre es muy superior.

Fue el rechazo de Mariano Rajoy a negociar un pacto fiscal, en 2012, en plena crisis tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el origen del 'procés'. El concierto económico es una reclamación histórica del nacionalismo, que lleva años enarbolando la bandera del 'España nos roba', pero Jordi Pujol, aunque lo niegue, según expuso en una conferencia en 2021, lo rechazó en los primeros años de la democracia española, cuando lo consiguieron vascos y navarros.

Hay declaraciones a favor de un sistema de financiación nuevo para Cataluña prácticamente de todos los presidentes nacionalistas de la Generalitat. Jordi Pujol, en 1996, tras el pacto del Majestic, afirmó que el «déficit fiscal es insoportable» y se ha de avanzar «gradualmente» a un «pacto fiscal». Mas, en 2008 desde la oposición, censuró el «café con mucha agua y agravio y menosprecio hacia Cataluña». Y pidió un trato bilateral como reclaman ahora Aragonès y Puigdemont. «2024 debe ser el año que pactemos un sistema singular que ponga final a un déficit fiscal insoportable», afirmó el año pasado el actual jefe del Ejecutivo catalán.

El momento para negociar cambios en la financiación autonómica es muy complicado para Pedro Sánchez, pues depende de ERC y Junts para seguir en la Moncloa, pero tiene a la mayor parte de las autonomías, gobernadas por el PP, en pie de guerra, con la Comunidad de Madrid, a la cabeza. La pérdida de poder territorial por parte del PSOE hace aún más difícil la negociación. Tras la amnistía, la próxima patata caliente para Sánchez será la financión de las comunidades autónomas, con Cataluña muy exigente, después de unos años en que esta reivindicación estaba apartada, pues el tema central para los soberanistas era el proceso independentista. Que tanto ERC como Junts apuesten por la negociación del concierto implica que la cuestión secesionista no la ven a corto plazo.

Además de un modelo de concierto a la catalana, Aragonès y Puigdemont exigen avanzar en la autodeterminación. Pero esta se antoja ya como la reclamación para la próxima legislatura catalana, que empezará con las elecciones previstas para febrero de 2025. Si la carpeta de la financiación pesa más que la del concierto, Cataluña se sitúa en la época preprocés.