El secesionismo empieza a calentar la calle de cara al juicio del 'procés'

Horas después de que el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, afirmara el martes que las entidades soberanistas anunciarán una campaña de movilizaciones, la ANC, la entidad que ha llevado el peso de la organización de buena parte de las manifestaciones soberanistas desde 2012, hizo pública la convocatoria de siete manifestaciones simultáneas para las 7 de la tarde el día que arranque el juicio (aún sin fecha). Las protestas se celebrarán en las siete principales ciudades de Cataluña (las cuatro capitales de provincia y otras tres de comarca) para denunciar lo que el secesionismo califica como una causa judicial injusta.

Estos días de Navidades, las entidades independentistas han llevado sus movilizaciones a la explanada que hay frente a la prisión de Lledoners (Barcelona), donde están presos Junqueras, Romeva, Cuixart, Sànchez, Rull, Turull y Forn. En la noche del 1 de enero, y a través de un vídeo, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se dirigió a los cientos de manifestantes para decir que la «España plural es un naufragio» y que el «juicio será la demostración de este fracaso».

El inicio del juicio será uno de los puntos calientes de la movilización en la calle. A partir de ahí, lo que algunos líderes secesionistas desearían es que las protestas sean «permanentes» hasta el día que el Supremo dicte la sentencia. Y si esta es condenatoria, con la pena más alta prevista por la Fiscalía (25 años en el caso de Junqueras), el vicepresidente de la Generalitat ya adelantó ayer que el soberanismo deberá pactar una «respuesta de país», que suponga un «punto de inflexión» en el proceso.

La gran incógnita de los próximos meses, por tanto, será conocer cuál será la reacción del secesionismo en caso de que el Supremo condene por el delito de rebelión a los líderes del 1-O. El president de la Generalitat, Quim Torra, se ha referido en los últimos meses a que ese puede ser el «moméntum» para que el independentismo lance un nuevo desafío al Estado como el de octubre de 2017.