El secesionismo asume que el indulto es la opción más viable

Si algo ha quedado claro tras diez años de 'procés' es que no hay ninguna fórmula mágica que resuelva el sudoku. De cara a los suyos, los independentistas seguirán exigiendo una ley de amnistía, aun sabiendo que es un brindis al sol. Tanto los indultos como la reforma del Código Penal tienen enormes costes para unos y otros. El PP ha advertido al Gobierno que los indultos no favorecerán para llegar a acuerdos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los populares avisan que harán una oposición contundente con este asunto, como con el pacto con ERC y EHBildu para aprobar los Presupuestos.

Los presos del 'procés' fueron muy beligerantes en un principio con los indultos («se lo pueden meter por donde les quepa», dijo Junqueras hace un año), pero con el tiempo han modulado su rechazo. La posición oficial en el independentismo, de puertas afuera, es que la solución al conflicto catalán no es un indulto para nueve personas, sino que pasa por la amnistía. Aunque añaden. «Si el Gobierno quiere hacer gestos, que los haga».

Hace meses, estaban en contra de los indultos, pero en estos momentos son conscientes de que es la vía menos complicada para que salgan de prisión. «Sánchez prometió buscar soluciones al conflicto catalán. Con los indultos veremos si cumple la promesa», afirman en el independentismo.

Para Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal de la UB, los indultos sí solucionan el problema de los presos. «Es una potestad del Gobierno que no puede poner en cuestión ningún tribunal», señala. «Se trata de una cancelación total del delito por el que ha sido condenado. Es como si no hubiera habido condena. Nada que ver con el perdón, que es una variable religiosa», aclara. «En términos políticos, el Gobierno decide y no tiene por qué dar explicaciones a nadie», razona. «El indulto desarmaría el discurso secesionista en torno a la represión», afirma un experto en ciencia política, de la órbita socialista, que pide anonimato. A su juicio, esta vía tiene el riesgo añadido del más que posible «enfrentamiento» con el Tribunal Supremo, quien ya prepara su informe contrario al respecto, aunque no es vinculante.

Otra opción que se bajara es la reforma del delito de sedición, en principio, la que más convence al Gobierno. Si bien, aún se desconoce en qué términos se planteará ni qué plazos tiene en mente Moncloa, que en un primer momento prometió aprobar la iniciativa antes de final de año para el inicio de su tramitación parlamentaria. Lo que sí ha trascendido es que no hay consenso entre Unidas Podemos y el PSOE.

Jordi Nieva considera que esta reforma «no soluciona nada». «Es perfectamente posible que no sirva para que los presos salgan de la cárcel», señala. Entre otras cuestiones, apunta, porque habrá que ver «cómo interpreta el Supremo esa reforma». «En lo político es una reforma complicadísima, con costes tremendos para el Gobierno, y desde el punto de vista jurídico, la veo de muy precaria aplicación para los que ya están condenados y para los que están fuera», afirma el catedrático.

Lo que los independentistas querrían es que la reforma implicara la eliminación del delito de sedición. Pero el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha reconocido que el cambio legal no se habría planteado sin la sentencia del 'procés' y habla de «armonizar el derecho a los países del entorno». Podría aplicarse a los soberanistas, si incluye una modificación a la baja de las penas.

Pero está por ver si el Gobierno tiene los apoyos suficientes para sacar esta propuesta adelante en el Congreso. Los secesionistas ya avisan que no pueden respaldar una iniciativa que podría valer para los presos pero podría endurecer la desobediencia al Tribunal Constitucional o volver a penalizar la convocatoria de un referéndum. JxCat y ERC se verán en la disyuntiva de pensar en los presos o ponerse más dificultades de cara al futuro si pretenden volver a reactivar el 'procés' y cumplir la promesa de «volveremos a hacerlo». «En periodo electoral no va a haber acuerdo», afirma uno de los expertos consultados. «El Gobierno no tiene interés en acelerar la tramitación ni en poner en aprietos a Esquerra», remata.