La olla a presión en que se ha convertido esta legislatura el Congreso de los Diputados se apresta a volver a entrar en ebullición. Tras los casi dos meses de tregua con los escaños vacíos por el prolongado parón navideño, interrumpidos por la sacudida del ... pleno extraordinario del 22 de enero en el que Junts y el PP apretaron hasta casi ahogar al Gobierno al tumbarle el decreto ómnibus que incorporaba la revalorización de las pensiones y las bonificaciones al transporte, la Cámara baja retomará su pulso cardiaco esta semana regresando donde lo dejó: a la convalidación del nuevo decreto, el parcelado, que esta vez el Ejecutivo sí sacará adelante gracias a su pacto con Junts y que finalmente apoyarán los populares, y a la perenne incertidumbre que encadena este cuatrienio. En el ring del hemiciclo, los mismos púgiles políticos: uno –Pedro Sánchez–, convencido de que cada día que consume en La Moncloa es un día ganado «a la inestabilidad que pregona la derecha» y «gobernando con el BOE», se jacta la dirección socialista; el otro –Alberto Núñez Feijóo–, decidido a explotar las debilidades del presidente para que cada pleno, cada sesión de control, sea tan disuasorio para él «como una visita al dentista».
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En la ciclotimia de la legislatura, estos dos meses no han sido inanes. El último pleno del anterior período de sesiones, el del 19 de diciembre, acabó para el Gobierno con otra derrota –la que le infligieron PP, Junts y PNV suprimiendo el impuesto a las energéticas–, pero salvando en otra negociación frenética, ésta con Podemos, la ley estrella del ministro Bolaños para reformar la justicia. El golpe de hace dos semanas fue más severo para Sánchez, que rescató la subida de las pensiones cediendo, una vez más, ante los de Carles Puigdemont lo que había dicho que no concedería: la parcelación del decreto ómnibus y el debate sobre la cuestión de confianza llamado a marcar –Puigdemont lo ha empleado como efectivo instrumento de presión, mientras las negociaciones para la transferencia «integral» de las competencias en inmigración siguen sin desencallarse– este reinicio de la legislatura.
Pero el Gobierno recibió con tanto alivio el último pacto 'in extremis' con Junts, interpretando al tiempo que había sorprendido al PP con el pie cambiado, que ha vuelto a poner gasolina en su depósito y vuelve a fijarse como horizonte los Presupuestos mientras abona en paralelo, eso sí, el campo argumental por si finalmente tiene que prorrogarlos. Es la hipótesis con la que juega Junts, que tiene otras «carpetas» por cerrar –inmigración, el debate sobre la cuestión de confianza (los independentistas exigirán elecciones a Sánchez si lo pierde) y el techo de gasto– antes de encarar las Cuentas públicas; y también otros actores con hilo con Waterloo, que aventuran que Puigdemont no le va a otorgar la baza presupuestaria a Sánchez «porque al día siguiente sus siete escaños en el Congreso ya no valdrían nada».
«Diálogo, diálogo, diálogo», insisten los socialistas, dispuestos, al menos públicamente, a afrontar otra negociación extenuante para aprobar las que serían, a la vez, las primeras Cuentas de la legislatura y las determinantes, mientras presumen de que Sánchez ya lleva más tiempo en La Moncloa que Mariano Rajoy y se encamina a igualar los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar. El pacto con Junts para salvar el decreto social ha insuflado también oxígeno en las expectativas de los socios vascos del presidente –PNV y EH Bildu–, declaradamente partidarios de agotar el cuatrienio frente a las amenazas de Junts y también de Podemos.
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«Vemos posible y también probable que la legislatura continúe y que incluso vaya bien; Junts y el PSOE están reconfigurando sus relaciones, a mejor», sostienen en la ejecutiva del PNV, en medio aún del turbulento relevo interno de su líder, Andoni Ortuzar, por el hasta ahora portavoz en el Congreso, Aitor Esteban. Los peneuvistas creen que Junts sigue teniendo incentivos para reforzar una influencia en Madrid que le permita «reconectar» con la Cataluña que se miraba en CiU; un tránsito que, para el PNV, engrasaría «la foto» de Sánchez con Puigdemont. Más escépticos se muestran con la decantación de Podemos, de cuyas pulsiones para finiquitar la legislatura también alerta Bildu. «Junts y Podemos van de farol», objeta un cargo de la coalición abertzale, menos pesimista hoy de lo que estaba ayer sobre los Presupuestos y crítico con los órdagos de los de Puigdemont.
Para los secesionistas catalanes, que constatan que a las «muchas carpetas» abiertas se ha sumado ahora la de la reducción de la jornada laboral patrocinada por Yolanda Díaz, lo perentorio siguen siendo las competencias en inmigración. Junts cree que hay cauce constitucional para que los Mossos participen del control de fronteras, mientras el Gobierno, como avanzó este periódico, estudia la vía aplicada en el 'land' alemán de Baviera. Pero con modulaciones en su discurso, ambas partes ven aún trabado el acuerdo.
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Y mientras, 'au-dessus de la mêlé' de las cuitas de Sánchez y sus socios pero buscando pescar en ellas, el PP continúa recetándose paciencia. «Esta es una legislatura condenada al 'susto o muerte'», resumen en Génova, que anticipan un período de sesiones con Feijóo martilleando, sí, con la corrupción, pero incidiendo en propuestas –como las de esta semana en vivienda– «para desmontar» que esté solo en «el no».
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