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El Gobierno presentará el anteproyecto con los Presupuestos Generales del Estado a finales de noviembre o principios de diciembre con el objetivo de que las cuentas queden actualizadas en el primer trimestre de 2019. De lo contrario, Pedro Sánchez ha dejado en el aire la ... posibilidad de un adelanto electoral. A día de hoy, al menos, no contempla la prórroga del reparto de recursos que logró aprobar el Ejecutivo de Mariano Rajoy antes de la moción de censura. «Estos no son mis Presupuestos», ha respondido críptico en la Cadena Ser.
Durante la entrevista, no ha querido situarse en un escenario en el que las cuentas de 2019 no salgan adelante, pero la mayoría en el Congreso, en este momento, se le resiste. Por ahora, Hacienda negocia con Podemos un acuerdo que sirva para tender puentes, después, al resto de socios de la moción de censura. Y Sánchez ha llamado en varias ocasiones a la «corresponsabilidad». Un toque de atención que busca implicar a los grupos políticos en la estabilidad de la legislatura. «El Gobierno de España va a hacer su parte y el Parlamento tendrá que hacer su parte», ha apelado.
Para que los Presupuestos vean la luz antes de marzo, el Ejecutivo deberá atraer a las formaciones independentistas. Esquerra ya ha supeditado su apoyo a que Sánchez «oriente» a la Fiscalía en el próximo juicio de los líderes secesionistas. El presidente, sin embargo, ha replicado esta mañana que el Ministerio Público es «autónomo».
En este contexto, y en vísperas de que el líder de la Generalitat abra el curso político en Barcelona, el jefe del Ejecutivo ha confiado en que Quim Torra «acierte» y le ha recordado que en Cataluña «hacen falta menos gestos y más responsabilidad». La propuesta gubernamental pasa por aplicar la receta de «ley y diálogo» y posibilitar un referéndum, pero no sobre la independencia, sino sobre un nuevo Estatuto catalán después de que la sentencia del Tribunal Constitucional suprimiera varios artículos en 2010. «Cataluña ahora mismo tiene un Estatuto que no votó. Por tanto, hay un problema político, sí lo hay», ha defendido Sánchez.
Con este planteamiento, el presidente espera que el otoño de 2018 sirva para «curar las heridas» del otoño de 2017, cuando el independentismo culminó su desafío al Estado con el referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia. Por eso, reclama a las fuerzas secesionistas no «repetir los errores» y poner «de su parte».
En los últimos meses, Sánchez y Torra han intercambiado mensajes y llamadas. Entre otros asuntos, por los actos del 17 de agosto, un año después de los atentados en Cataluña. Y el Gobierno asegura estar dispuesto a no levantarse de la mesa de las comisiones bilaterales con la Generalitat ocurra lo que ocurra, pero advierte de que si se pasa de la «retórica inflamatoria» a los hechos, el Ejecutivo actuará. En este sentido, ha defendido la legitimidad del artículo 155, que es «constitucional» y conlleva un debate en el Senado, «en el plano federal».
Preguntado sobre si pactó con los secesionistas no aplicar el 155, Sánchez se ha limitado a contestar que «a veces uno se encuentra en la necesidad de tener que responder a cuestiones que ni siquiera se han planteado». Y ha censurado que este sea uno de los asuntos que centran la estrategia de oposición de Ciudadanos y el PP.
En cuanto a la ley de la concordia que han propuesto los populares como alternativa a la de memoria histórica, el presidente cree que la justicia, la reparación y la verdad son necesarias para la reconciliación. «No deja de ser llamativo que anuncie una proposición de ley con el mismo nombre y título de la fundación que crea -el nuevo laboratorio de los conservadores, Concordia y Libertad-. Algunas veces creo que el PP no tiene tanto un problema con la memoria histórica, sino con su propia historia».
Sánchez ha avanzado que el anteproyecto de Presupuestos de 2019 contemplará un impuesto al diésel y otro a las transacciones financieras, aunque ha eludido pronunciarse sobre si el Ejecutivo creará un impuesto nuevo a la banca, tal como había señalado en un principio.
Asimismo, ha señalado que las cuentas públicas de 2019 también contemplarán un impuesto al diésel, ya que hay un reto importante, que es el cambio climático. «Todo lo que tenga que ver con transición energética y sostenibilidad del país como la movilidad privada, que es altamente contaminante, tendrá su traducción en una subida de este impuesto», ha dicho, tras indicar que no afectará a los profesionales del transporte.
Por otra parte, el presidente del Gobierno ha insistido en que hay un margen «grandísimo» para aumentar la recaudación proveniente del Impuesto sobre Sociedades y para que contribuyan más las grandes empresas. Ha reiterado que el Impuesto sobre Sociedades debe tener un tipo mínimo del 15 %, porque «esto es justicia fiscal».
Asimismo ha restado importancia a algunos indicadores que podrían estar señalando una desaceleración de la economía, y ha dicho que España no ha perdido ganancia en competitividad y que hay buenas bases para ver un crecimiento sostenido de la economía en el medio plazo.
Pedro Sánchez ha explicado que el Gobierno decidió defender al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena -que instruye el sumario contra el 'procés'- porque no era posible diferenciar su actividad privada de la que ejerce como juez.
Según el jefe del Ejecutivo, siempre tuvieron claro que el Gobierno y el Estado tenía que defender su «soberanía jurisdiccional» que había sido puesta en cuestión por la demanda del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. En este sentido, ha insistido en que se trataba de una «cuestión de Estado» y no de «una cuestión de nombre y apellido del juez, sino de defender la soberanía jurisdiccional, en este caso del Estado español, que estaba siendo puesta en cuestión por Puigdemont».
El presidente ha defendido su política migratoria, que ha calificado de «coherente», después del acogimiento de los migrantes del 'Aquarius' en el mes de julio y las expulsiones de 116 personas en 24 horas tras saltar la valla de Ceuta el pasado 22 de agosto. «Con este gobierno no llegó la migración, llegó la política migratoria que no existía hasta entonces y ha sido coherente», ha asegurado Sánchez.
Según el presidente, «el primer 'Aquarius' supuso un llamamiento a Europa para decirle que este era un asunto europeo y, el segundo, supuso, de facto, el reparto de los migrantes». En este sentido, ha hecho hincapié en el acuerdo en el que trabaja España con otros «once o doce países para institucionalizar y sistematizar el reparto de migrantes que lleguen a la UE».
En cuanto a las expulsiones en la frontera, el jefe del Ejecutivo ha recordado que «Marruecos es un país seguro con el que colabora España» y en el que «es fundamental el control de la inmigración» y ha admitido que, aunque España necesita migración por el envejecimiento de la población, ésta «debe ser legal y ordenada». «Lo que podemos aceptar son actos violentos de asalto a la valla y, precisamente, de ataque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», ha concluido.
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