Sánchez ofrece diálogo para aplacar el malestar de los ayuntamientos y la oposición

En un otoño de negociación presupuestaria complicado, el Gobierno no quiere sumar un nuevo frente político. El acuerdo alcanzado con la FEMP y que el Consejo de Ministros aprobó el 4 de agosto como real decreto contempla la posibilidad de que los ayuntamientos presten sus remanentes, el dinero ahorrado del superávit de ejercicios anteriores, a la Administración General del Estado a cambio de una inyección de 5.000 millones de euros entre 2020 y 2021. La totalidad de lo cedido sería devuelta en un plazo de 10 años, ampliable a 15 si las condiciones de esa prórroga compensan a los consistorios. El plan, sin embargo, sólo obtuvo el voto favorable del PSOE en la organización municipal y la abstención de IU-Podemos.

En los últimos días, Hacienda ha tratado de mover ficha y el martes avanzó su intención de asumir el pago de los intereses que las entidades locales abonan a los bancos por el depósito de ese dinero. Pero tampoco esa condición sirvió para rebajar tensiones. El Ayuntamiento de Barcelona se desmarcó del convenio y rechazó transferir sus ahorros. Del mismo modo, Madrid, (PP), Valencia (Compromís), Bilbao (PNV), Lleida (ERC) o Cádiz (Adelante Cádiz), entre otras ciudades, han dejado constancia de sus discrepancias.

En este clima de descontento, Sánchez defendió este miércoles el mecanismo como una forma de facilitar recursos cuando la normativa de estabilidad presupuestaria del Gobierno de Mariano Rajoy «impedía que los ayuntamientos pudieran incurrir en déficit público y, por tanto, el uso de los remanentes». En este sentido, la ministra de Hacienda advirtió del riesgo de que el acuerdo naufrague. «Si no se aprueba, evidentemente, los ayuntamientos siguen sujetos a las reglas fiscales, porque este es el instrumento legal que permite relajarlas», anticipó María Jesús Montero.

La titular de Hacienda se mostró, además, crítica con la actitud del PP, que protesta contra lo que considera un «robo», una «expropiación». «Llegan a hablar de confiscación de ahorros, cuando se trata de un préstamo que el Gobierno no necesita», censuró al cifrar en 5.400 millones –si se suma el fondo de ayudas para el transporte– el coste del pacto para el Ejecutivo. Insistió, además, en que el procedimiento es voluntario.

El vicesecretario Territorial del PP, sin embargo, Antonio González Terol, fue más allá: «Han hecho una suerte de corralito de fondos públicos que puede ser la introducción a un nuevo corralito de los ahorros privados».