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«El bloque de la moción de censura está llamado a asumir la responsabilidad de la dirección de Estado». Fue Pablo Iglesias y no Pedro Sánchez el que el 5 de diciembre de 2019 pronunció estas palabras. Por entonces, el líder del PSOE aún estaba ... lidiando con los resquemores que provocaba en su partido la idea de atarse para toda la legislatura a fuerzas con un historial tan problemático como Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu. Él mismo acababa de sacudirse, sin mucho miramiento, es cierto, sus propios escrúpulos hacia una coalición de Gobierno con Unidas Podemos; un pacto que había tratado de evitar por todos los medios, incluida la repetición electoral. Tres años después –como quedó evidenciado este jueves en la larga e intensa jornada del Congreso en la que se aprobaron los Presupuestos; los impuestos a la banca, las energéticas y los ricos, y se inició la reforma que acabará con el delito de sedición–, los augurios de Iglesias se han hecho realidad, aun sin Iglesias. Y el jefe del Ejecutivo saca pecho por la «victoria del entendimiento entre dispares».
Ya casi nadie se llama a andanas entre los socialistas por una alianza que la dirección del partido presentó en un primer momento como coyuntural pero que ha acabado adquiriendo tintes estructurales. Sánchez sabe que sus opciones de seguir gobernando tras las próximas elecciones generales, previstas para finales de 2023, pasan por reeditar la alianza de la que, tras la aprobación por una holgada mayoría de 187 votos a favor, presumió Arnaldo Otegi: «Se da la gran paradoja de que no hay Gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar no lo sostenemos», dijo. Solo el castellano-manchego Emiliano García-Page y, con menos potencia, el aragonés Javier Lambán siguen advirtiendo de tanto en tanto de los riesgos de esas «amistades», pero lo hacen más con el objetivo de lanzar al electorado de sus regiones un mensaje que neutralice las críticas del PP que con el de influir en sus propias filas.
Calendario legislativo El Gobierno intenta cerrar asuntos polémicos antes de 2023 para distanciarlos de las elecciones.
Controversias abiertas El Ejecutivo presume de «estabilidad» aunque las crisis del 'solo sí es sí' y de Melilla siguen vivas
En el resto de federaciones, la decisión de apoyarse en esa mayoría que esta semana inició, en un pleno de madrugada, algo tan contrario a lo prometido en campaña electoral como la modificación el Código Penal para favorecer a los líderes del 'procés' condenados o aún pendientes de juicio, se ha ido asumiendo poco a poco. En parte, porque el respaldo de ese mismo bloque político a medidas sociales puestas en marcha por el Ejecutivo para paliar las consecuencias de la pandemia, primero, y de una inflación multiplicada por el impacto de la guerra en Ucrania sobre familias y empresas, después, ha servido para ir ahogando poco a poco todos los reparos. Y en parte porque, dicen, «está muy instalado que el PP se aprovecha de la situación de Cataluña y la gente quiere resolverlo». En el PSOE confían en que ese sea también el modo en que su electorado se aproxime a la cuestión.
Por si acaso, la tramitación de la reforma que sustituirá la sedición por un nuevo tipo de desórdenes agravados, con penas mucho más reducidas, se ha querido hacer ya y por la vía de urgencia para que la opinión pública la vaya destilando y las reservas que genera hoy se diluyan hasta casi desaparecer como, a su juicio, sucedió con los indultos. No es, de hecho, la única norma con la que se quiere pisar el acelerador. La idea del Gobierno es sacar adelante de aquí a final de año otros asuntos que aún colean para prevenir polémicas futuras e intentar garantizarse, en la medida de lo posible, un 2023 sin excesivos sobresaltos. En la lista están leyes que ya han hecho saltar chispas con los socios como la de vivienda, la ley mordaza, la ley trans o la ley contra el maltrato animal.
En algunos territorios gobernados por socialistas llevan meses advirtiendo de que, en realidad, más daño que los pactos con ERC o Bildu hacen los líos en la coalición. Y eso también inquieta en el Gobierno. Sobre todo porque desde la vuelta del verano se han ido acentuando los desencuentros no ya entre el PSOEy Unidas Podemos sino en el espacio que ocupa el socio minoritario del Ejecutivo, entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y los morados. Los cálculos que se hacen es que si las cuestiones controvertidas se solventan ahora, se podrá entrar en un año electoral con cierto sosiego y lucirá la canalización de los millonarios fondos europeos, que están resultando claves para navegar la actual crisis con una comodidad que ya habría querido para sí José Luis Rodríguez Zapatero en su última legislatura.
En la Moncloa confían en que la mayoría de sus barones retengan el poder en las autonómicas del 28 de mayo y en avanzar en las municipales con la conquista de ciudades como Barcelona y Vitoria, lo que situaría a Sánchez, entienden, con el viento de cola para volver a sumar en las generales de final de año, algo que por ahora no se vislumbra en las encuestas pese al claro desgaste del 'efecto Feijóo'. Pero también tienen una enorme fe en el impulso que pueda propinar la presidencia de turno de la Unión Europea del 1 de julio de 2023 hasta el 31 de diciembre. «¿Va a mover medio millón de votos? No sé. Pero todo el mundo percibe ya que este es un presidente que pinta en Europa y eso sí va a tener rentabilidad», aducen en el núcleo duro del Gobierno.
En política, en todo caso, las previsiones no siempre se cumplen. Sánchez también confiaba en enterrar con esta semana las polémicas por la ley del 'solo el sí es sí' y la tragedia del pasado junio en la valla de Melilla. Y menos de 24 horas después de exhibir su amplia mayoría en la votación de los Presupuestos, ambos asuntos volvieron a primera línea.
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