Sánchez sacrifica a Delgado en Justicia acosada por los escándalos

En Justicia, desde entonces, eran muy conscientes de que lo único que mantenía a Lola Delgado al frente del ministerio es que haberla destituido en pleno escándalo por las filtraciones de los audios de Villarejo habría sido conceder una victoria incontestable al excomisario y a su estrategia de tratar de chantajear al Estado con sus grabaciones sobre altos responsables del Estado.

Pero en Moncloa nunca se olvidaron de las bochornosas palabras de Delgado llamando «maricón» a Fernando Grande Marlaska en aquella comida en el restaurante Rianxo, de Madrid, el 23 de octubre de 2009, en la que también –y en tono de confidencia- desveló que compañeros suyos de las judicatura habían mantenido relaciones con chicas menores durante un viaje a Cartagena de Indias, Colombia, algo que nunca denunció ante la Justicia.

Con el dudoso honor de haber sido reprobada tanto por el Senado (de mayoría conservadora) como por el Congreso (con una mayoría progresista que había aupado a Pedro Sánchez en la moción de censura), su suerte en el Gobierno se comenzó a torcer casi desde su llegada. En agosto de 2018, se metió en un tremendo charco cuando, en contra del criterio de la Abogacía del Estado, la ministra ordenó a su departamento no hacerse cargo de la defensa del instructor de la causa del 'procés', el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, cuando éste fue demandado por Carles Puigdemont en Bruselas por falta de imparcialidad y de respeto a la presunción de inocencia.

La negativa a defender al juez español frente a las embestidas de Puigdemont provocó la crítica unánime de todas las asociaciones de jueces y fiscales, la petición de amparo del juez ante el CGPJ y una tormenta política. Aquello acabó con ceses (o dimisiones) en el departamento de comunicación del ministerio (al que culpó de las crisis que ella provocaba) y, sobre todo, con una rectificación en toda regla, forzada por Sánchez, que obligó a Justicia a contratar a un prestigioso bufete en Bélgica para defender a Llarena.

Sus formas rudas de 'ordeno y mando' (que nunca exhibió como fiscal en la Audiencia Nacional) no han gustado nada ni en la judicatura ni, sobre todo, en el Ministerio del Justicia. Delgado fue incapaz de convencer sin escándalos al abogado del Estado Edmundo Bal, responsable entonces de la acusación en el juicio del 'procés', para que rebajase de rebelión a sedición la acusación contra los políticos catalanes, tal y como quería Moncloa como gesto al independentismo. Como no pudo atraérselo para su causa, en noviembre de 2018 fulminó a Bal, que terminó en las filas de Ciudadanos, y designó a Rosa María Seoane para este caso, quien sí acabó reduciendo la acusación a sedición.

Junto a Delgado tampoco continuarán, de momento que se sepa, María Luis Carcedo y Jose Guirao al frente de los ministerios de Sanidad y Cultura. Se da la circunstancia que tanto una como otro no fueron las primeras opciones de Sánchez a la hora de confeccionar su primer gabinete días después de acceder a la Presidencia mediante la moción de censura. Carcedo, que durante su mandato ha desplegado una intensa actividad con varios actos al día, sustituyó a Carmen Montón, que dimitió por las irregularidades en el máster que cursó en una universidad madrileña.

Mientras tanto, Guirao llegó a Moncloa tan solo una semana después de que Sánchez formara Gobierno, en su caso para sustituir al mediático Màxim Huertas, que dimitió después de que se conocieran dos sentencias que en mayo de 2017 le impusieron una multa por haber defraudado a Hacienda 218.322 euros a lo largo de tres ejercicios fiscales, durante su etapa de colaborador en un programa de televisión.