Sánchez reactiva en el Congreso medidas que el PP y Ciudadanos lograron bloquear en su primer mandato

El Gobierno al completo, reunido en la finca estatal de Quintos de Mora (Toledo), dedicó la jornada del sábado a planificar las prioridades legislativas del trimestre, entre las que se encuentran las destinadas a desmontar las reformas del PP en materia educativa y laboral o, de la mano de Unidas Podemos, a proteger las «libertades sexuales». Pero, desde la Cámara baja, los socialistas ya intentan sacar provecho del trabajo adelantado en balde en la pasada legislatura y, embarcados en la estrategia de demostrar que España ha salido por fin del desbloqueo y que su decisión de pactar con socios como Esquerra Republicana de Catalunya permite desarrollar una «agenda de progreso», han reactivado iniciativas que decayeron con la disolución de las Cortes el 5 de marzo de 2019, hace casi un año.

El Pleno avalará ya este martes, por ejemplo, la tramitación de la ley de eutanasia, a la que en 2018 se opuso únicamente el PP. La norma –que regula el «derecho individual» de determinados enfermos a terminar con su vida y la obligación de los servicios públicos de salud a asistirlos en el proceso– quedó paralizada durante cinco meses en el Congreso por las continuas ampliaciones de los plazos de enmiendas aprobadas por populares y liberales en un ejercicio de filibusterismo parlamentario, pero no por falta de apoyos. Por eso, en el grupo socialista se respira optimismo ante la posibilidad de que esta vez pueda ser aprobada antes de que acabe el año.

No es, en todo caso, la única proposición de ley ya discutida en el Parlamento que el PSOE ha vuelto a poner en circulación. El pasado 24 de enero, también registró una iniciativa que amplía y reforma la ley de la memoria histórica de 2007 para, entre otras cosas, establecer el 31 de octubre como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo; incluir entre los «fines» del sistema educativo «el conocimiento de la historia democrática de España»; exhumar del Valle de los Caídos a quienes sean reclamados por sus familiares; retirar las medallas policiales como la de 'Billy, el niño' o suprimir títulos nobiliarios que «representen la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura».

Además, en el listado de proposiciones que los socialistas quieren agilizar está también la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que forma parte del acuerdo de coalición sellado con Unidas Podemos. En este caso, su objetivo es revertir los cambios promovidos por el PP en 2015 para reducir los tiempos de instrucción de las causas penales.

Los populares justificaron la medida en la necesidad de agilizar la administración de justicia, pero las principales fuerzas de la izquierda (IU ha sido durante años especialmente beligerante con este asunto) siempre han visto en ella una fórmula para favorecer la prescripción de delitos cometidos en casos de corrupción como la 'Gürtel'.

Con esta producción legislativa, los partidos del Gobierno confían en recuperar la iniciativa política tras un inicio de mandato eclipsado por la gestión de la crisis catalana y controversias como el choque de Pablo Iglesias con el CGPJ, la designación de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general o la propuesta de suavizar el castigo a los condenados por sedición.

La oposición, sin embargo, no lo pondrá fácil. Este miércoles en la primera sesión de control al Ejecutivo, PP, Cs y Vox centrarán sus ataques contra el ministro José Luis Ábalos por su episodio con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.