El Gobierno pretende prorrogar el estado de alarma hasta el 27 de junio

La incógnita de la duración de la nueva prórroga se mantuvo hasta este martes. Sánchez, partidario en un principio a que se prolongara hasta los primeros días de julio, ni tan siquiera la reveló en la reunión por videoconferencia que mantuvo ayer con los barones de su partido en el Consejo de Política Territorial del PSOE.

Si hubiera sido por criterios en exclusiva sanitarios, la fecha tope sería en torno al 5 de julio porque para entonces todas las comunidades, siempre que no se produzcan rebrotes de contagio, habrían cubierto las cuatro etapas de la desescalada, incluidas Madrid y Barcelona con su área metropolitana, que aún están en la fase cero.

Pero Moncloa, consciente de las reticencias de las fuerzas políticas, manejaba también la alternativa del 28 de junio. Al final, la propuesta será que acabe un día antes, el 27. Y es que en esta ocasión los argumentos políticos estuvieron muy presentes en la decisión adoptada por Sánchez porque, a pesar de la tranquilidad que intenta transmitir el Gobierno, lo cierto es que la votación está en el alero.

Las respuestas que reciban los negociadores socialistas de los potenciales aliados van a ser determinantes. Ciudadanos, una pieza clave para la votación, quiere «una prórroga razonable, no de 30 días». Edmundo Bal, el portavoz liberal ante la baja de Inés Arrimadas por su inminente maternidad, señaló que el Gobierno «lo está poniendo muy difícil». Ciudadanos, además de las discrepancias de calendario, recela de la recuperación de la «geometría variable» con la negociación del PSOE con Esquerra.

Bal avisó que su apoyo es incompatible con un acuerdo de los socialistas con los republicanos. Esquerra exige varias concesiones para pasar del voto en contra a la abstención, entre ellas la reanudación de la mesa de diálogo del Gobierno con la Generalitat. Una premisa «inaceptable», según el portavoz de Ciudadanos.

Esquerra, a 24 horas de la votación, sigue enrocada en el no porque después de tres discretas reuniones de los equipos negociadores de la investidura no aprecian avances. Su abstención es vital para los escenarios que maneja el Gobierno si no logra retener el apoyo de los naranjas.

Con los números en la mano, Sánchez tenía este lunes 160 votos a favor, los del PSOE (120), Unidas Podemos, (35), Más País (dos), los regionalistas de Cantabria (uno), Nueva Canarias (uno) y Teruel existe (uno). Por 166 en contra de PP (88), Vox (52), Esquerra (13), JxCat (ocho), Navarra Suma (dos), la CUP (dos) y Foro Asturias (uno). En al aire están 24 votos, los diez de Ciudadanos, seis del PNV, cinco de EH Bildu, mientras que los tres diputados de Coalición Canaria, Compromís y BNG también esconden sus cartas.

La Moncloa confía en que los nacionalistas vascos vuelvan a votar a favor, como han hecho con todas las prórrogas, a pesar de que en las últimas horas han elevado el listón para cogobernar esta desescalada y tener mayor capacidad de decisión en eventuales estados de alarma futuros. La vicepresidenta Carmen Calvo intentó calmar las aguas y hoy, en la comisión Constitucional del Congreso, garantizó que la «cogobernanza imperará en esta prórroga» para que las comunidades autónomas tengan un papel protagonista. Un mensaje para el PNV, pero también para Esquerra, que un día sí y otro también exige «la recuperación de competencias» para la Generalitat.

También para vencer esas resistencias, la vicepresidenta primera abrió la puerta a revisar la ley orgánica de 1981 que regula el estado de alarma para estudiar la incorporación de «estados intermedios interesantes» que no conlleven la estricta restricción de derechos de la normativa actual y para descentralizar la gestión de las crisis. El Gobierno trabaja además, según confirmó el sábado el presidente del Gobierno, en la reforma de la ley de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública para buscar fórmulas legales que permitan ordenar los confinamientos de la población sin recurrir al estado de alarma.

Toda una batería de reformas, reclamadas sin éxito durante muchas semanas por los nacionalistas y el PP, pero que solo han entrado en la agenda gubernamental cuando Sánchez ha constatado las crecientes dificultades que encuentra con cada prórroga del régimen de excepción para combatir la pandemia. Hasta ahora, la respuesta del Gobierno siempre había sido que «no hay alternativa» viable al estado de alarma.